Córdoba: 23 detenidos, una ley polémica y Monsanto al acecho

Colectivo La Vaca / Foto: Colectivo Manifiesto cordobes
La legislatura de Córdoba aprobó ayer por la noche la ley de Política Ambiental Provincial en medio de una represión policial que dejó 26 detenidos (aún se mantienen 23) y decenas heridos. El proyecto, enviado al inicio de las sesiones por el gobernador José Manuel de la Sota, motivó la desconfianza de los vecinos de distintas localidades del país que vienen organizándose contra el saqueo y la contaminación ambiental, que se movilizaron hasta la sede de gobierno.

Compartimos la nota que publicara lavaca.org sobre la represión policial contra cordobeses que se manifestaban contra la aprobación de la ley de Política Ambiental Provincial

 

Vanesa Sartori, de la asamblea Malvinas por la Vida, y Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingo, tienen lecturas diferentes sobre la ley aunque coinciden en que el artículo que plantea un nuevo reordenamiento territorial puede favorecer, en la práctica, a las empresas. Para que se entienda, la zona de Malvinas Argentinas donde Monsanto pretendía instalarse está catalogada según la ley provincial de uso de suelo como “zona agropecuaria no contaminante”, lo cual permitió el fallo del 8 de febrero que prohibió la planta de tratamiento de semillas. Según la nueva ley provincial, esa zona como otras podrían redefinirse a partir de criterios ambiguos. Dice el artículo 10: “definir las ecoregiones del territorio provincial a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen”.

Con ese planteo, y la sensación de no formar parte de las decisiones que inciden en al comunidad, ayer se manifestaron cientos de personas a la Legislatura, donde los esperaba un despliegue policial inquietante. “Nosotros sabemos que ellos votan siempre a favor de las multinacionales, por eso vinimos hasta acá”, dijo Sofía Gatica a lavaca. La jornadaempezó a ponerse tensa a partir de la provocación entre la policía provincial y ciertas personas que algunos asocian a “sectores radicalizados” y otros definen directamente como “infiltrados”. Más allá de las interpretaciones, la policía desató una represión que incluyó balas de goma, gases y, particularmente, detenciones: se detuvieron 26 personas, la mayoría jóvenes, entre ellos integrantes de asambleas de vecinos (Malvinas por la Vida tuvo dos). Sofía Gatica – a quien puede verse siendo pateada por un policía- cuenta su impresión: “Yo creo que hubo infiltrados, que hubo gente de la policía que empezó a tirar piedras. Y creo también que hubo una orden muy clara, porque esto fue una cacería de brujas y la policía no actúa así por sí sola. Nos siguieron durante muchas cuadras con palos y balas. Le pegaron a señoras, mujeres y niños. Le pegaron incluso a gente que estaba caminando por la calle y no tenía nada que ver”.

La necesidad de una nueva ley ambiental provincial se fue cociendo al calor de las asambleas de vecinos y la ebullición del caso de Malvinas Argentinas que dejó expuesto a Monsanto y al gobierno: la justicia determinó que los permisos eran “inconstitucionales y arbitrarios”. El argumento que venían sosteniendo desde el ejecutivo negaba la consulta popular, la audiencia pública o el principio precautorio, todas herramientas que habilita la ley nacional de ambiente, basándose en la “preeminencia de la ley provincial”; pero desestimadaba – no cumpliendo- esa misma ley que prohibía la instación de la planta en Malvinas por ser una zona “contaminante”.

“El fallo a favor nuestro que obligaba a paralizar la obra y decía que había que hacer lo que decía la ley nacional fue un cachetazo para el gobernador”, analiza Vanesa Sartori. “Entonces estaban diciendo que la ley provincial no sirve, ¿qué hago? Una ley nueva”.
La flamante ley provincial, aparte del reordenamiento, permite la consulta popular a través de la juntada de una cantidad de firmas, y plantea que si un estudio de impacto ambiental es rechazado no se puede volver a presentar. “Eso es producto de la lucha”, dice Vanesa, que cuenta además que sectores del juecismo se acercaron a la asamblea de Malvinas para adelantar el tramiento de la ley. “De la Sota la iba a mandar y, para que sea votada con consenso, permitió que se hagan ciertas modificaciones”. En efecto, el proyecto contó con el apoyo de la Universidad Provincial de Córdoba y lo votaron todos los bloques excepto el Frente de Izquierda, con la abstención del Frente para la Victoria.

Vanesa plantea que “es mejor de lo que había” y cuenta que en la asamblea hay opiniones divididas: “Algunos compañeros reconocen las mejoras, pero que sigue habiendo vacíos o cuestiones no muy claras que hacen que al momento de la reglamentación y la puesta en práctica de la ley se hagan los grises y se utilicen a favor de las empresas”.

Además, Vanesa plantea no quedarse en Monsanto y leer la ley con el panorama completo: “Sigue fomentando el modelo extractivista: no es Monsanto, hoy es Monsanto, pero tampoco le da garantias a la asamblea de la tala de árboles, el modelo sojero, las cuencas hídricas”.