Cinco años de Ayotzinapa: el caso que lo cambió todo

Nota: Eliana Gilet/ Foto: Ernesto Álvarez*
"Aunque el espectro de gente que participó de la marcha en la ciudad de México al cumplirse cinco años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa fue muy amplio, puede asegurarse que fue una marcha estudiantil. Cada contingente identificaba su Preparatoria o Universidad, incluso de instituciones privadas. Integrantes de la Coordinadora democrática de trabajadores de la educación, particularmente los afiliados a la sección xxii de Oaxaca, llegaron a la capital mexicana masivamente a marchar junto a los jóvenes, así como el sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional (Unam)."

 Adelante, justo detrás de la fila de los padres de los 43 que encabezaron la manifestación, caminaron los actuales estudiantes de Ayotzinapa, en rigurosa fila india y coreando sin parar consignas que hablaban del socialismo y la lucha; atrasito de ellos, iban otros maestros y maestras en formación en alguna de las 16 normales rurales que aún persisten en México, a pesar de los sistemáticos intentos por aniquilarlas definitivamente.

Si Ayotzinapa (la Escuela y sus nuevas generaciones de estudiantes) sobrevive a pesar de los magros pesos que el Estado aporta para la manutención de su régimen de internado, es porque la vida cotidiana de la Escuela es gestionada por los alumnos. Desde la limpieza a la cocina, la siembra y cría de animales. Tal vez su trabajo más entrañable sea cultivar cempasúchil, esa naranja y aromática flor que en la tradición mexicana guía a los muertos de vuelta a la tierra de los vivos. Incluso se encargan de recabar la producción floral de varios de los campesinos vecinos para venderla en común en la capital en los días previos al 1 de Noviembre; porque Ayotzi es un poco el corazón de esta zona rural y ejidal que incluye también a Tixtla, un punto clave a considerar en la geografía del estado de Guerrero, dado que durante las últimas dos décadas ha venido construyendo (junto a otros pueblos) un sistema de justicia comunitaria indígena.

En eso estaban los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de Setiembre de 2014, acompañados de otros 60 adolescentes más, en su mayoría de primer año, recién ingresados a la prestigiosa escuela: habían salido a la ruta a tomar autobuses de línea para transportarse a la ciudad de México días después, a participar de la marcha del 2 de Octubre, aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968.

Prensa y extractivismo

Cuando Bernardo Torres llegó a Iguala, los cuerpos de los estudiantes ya estaban en el piso. El ataque policial que vivieron los normalistas se dio en varios escenarios diferentes y en este caso, Torres -un reportero local independiente de 26 años entonces, con apenas dos encima de trabajo periodístico profesional- llegó en la madrugada del 27 de Setiembre a la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez.

Allí fueron asesinados dos normalistas, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava y un tercero, Aldo Gutiérrez fue herido en la cabeza y permanece en coma desde entonces. Aldo fue herido en la primera emboscada de la policía y Daniel y Julio, en una segunda ráfaga que recibieron los normalistas en ese mismo punto, cuando cerca de la medianoche intentaban dar una conferencia de prensa para alertar sobre lo que les estaba sucediendo.

No fue en el Periférico donde los policías secuestraron a los 43, sino de una segunda escena de esa noche trágica, ubicada frente al Palacio de Justicia de Iguala. Si, los 43 fueron desaparecidos frente al Palacio de Justicia.

Torres recuerda la confusión de las primeras horas y de cómo realmente creían que los estudiantes desaparecidos iban a regresar en las horas siguientes:

“No dimensionamos los hechos hasta días después. Nosotros sabíamos que esa noche había como 50 estudiantes desaparecidos pero pasó el sábado y el domingo y todavía nosotros decíamos por ahí deben estar escondidos, mañana van a aparecer, mañana van a regresar los chavos. En cuatro días van a estar diciendo que aparecieron todos los muchachos. Y así se nos fueron los días”.

También recuerda por lo bajo cómo la televisora a la que envió el material gráfico que había reporteado esa noche tardó un par de días en publicarlo, a pesar de la gravedad del asunto. Esas imágenes de la noche lluviosa, apenas alumbrada por la luz de la cámara de otro reportero como él que a pesar de no entender, sabían que debían estar ahí.

“De repente llegó todo una marabunta de reporteros nacionales e internacionales acá. Y nosotros nos sentíamos pequeñitos, de repente rebasados por la situación, hasta nuestro equipo nos hacía vernos chiquititos, yo cargaba una cámara de foto con la que yo hacía video. Fue muy difícil la cobertura para nosotros”, recuerda.

“Todos los medios cubrieron seis meses más o menos y se fueron. Nosotros igual nos quedábamos con su experiencia, pero el riesgo quedó acá y es palpable en este momento”, señaló el periodista. Es mayor el riesgo ahora, dice, porque 77 de los 142 imputados en la causa (casi todos acusados por los delitos de “secuestro” y “crimen organizado” pero no por “desaparición forzada” aunque muchos de ellos sean policías que estaban en actividad cuando secuestraron a los pibes) fueron liberados recientemente por fallas en el proceso penal. Otros imputados fueron liberados porque argumentaron haber sido torturados para sostener con sus confesiones la versión que el Estado pretendió armar, que se conoció como la “verdad histórica” del caso, falseada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que fue enviado por la CIDH y gracias al trabajo pericial del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ahora, el Gobierno del progresista Andrés Manuel López Obrador anuncia que se re-iniciará la investigación “de cero” y creó por decreto una comisión en la égida del Ejecutivo para que coadyuve con la investigación judicial. Los padres reclamaron al Presidente que la Fiscalía General viene rezagada y que necesitan que López Obrador, “como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas las mandate a entregar toda la información que esté en su poder”, explicó Santiago Aguirre, uno de los abogados de los padres de los 43, tras la reunión que tuvieron con el Presidente en el marco del quinto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes.

Aunque las imágenes que Torres grabó en la madrugada del 27 de Setiembre en Iguala, además de otras valiosas escenas del comienzo del movimiento que generaron los padres de los estudiantes (un movimiento que fue acogido primero por el resto del país y luego por el mundo, abriendo brecha como ningún otro en la historia reciente mexicana) aunque ese trabajo haya sido replicado en distintos medios y documentales sin darle el crédito a él y a otros reporteros locales por esa misma prensa que llegó y se fue, Torres reconoce que Ayotzi significó una nueva alianza entre muchos de los periodistas de Guerrero: “aprendimos desde cosas periodísticas a personales. Acercarse a las víctimas cambió nuestra perspectiva y la forma en cómo tratamos a las víctimas de la violencia. Aquí el periodismo ya no se hizo cuestionando a las víctimas”, explicó.

También empezaron a trabajar en equipo, más allá de los medios: “compartirnos la información, no hacer nada solos. El periodismo no es un trabajo individual, de exclusivas, sino más bien un trabajo en equipo en el que hay que estar en coordinación y comunicación constante”, explicó. “No hacemos coberturas aisladas sino en grupo porque si esto le pasó a cien estudiantes, ¿qué nos puede pasar a un grupo de cinco o seis reporteros?”

*Publicada en Lavaca.org