Colombia: La detención de Santrich y una paz que no es

Raquel Gutiérrez Aguilar & Diego Castro Vilaboa / Foto: redinter
Para comprender los motivos que llevaron a la detención y algunas de las características principales del escenario político colombiano actual, conversamos con Sandra Rativa, colombiana que reside en México hace unos años e integra la organización Congreso de los Pueblos.

En 2016 se firma el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Plebiscito y victoria electoral de la derecha uribista mediante el proceso de paz se encuentra extremadamente frágil. Frente al retiro de la guerrilla de los territorios son las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de comunidades negras las que viven la violencia en asenso de los nuevos grupos paramilitares. Desde que se firmó el acuerdo han asesinado a 702 dirigentes sociales y 153 excombatientes. Luego de estar detenido varios días acusado de narcotráfico, el jueves 30 de mayo fue liberado Jesús Santrich excomandante de la guerrilla de las FARC.

¿Qué está sucediendo en Colombia, por qué detuvieron a Santrich?

Hay dos antecedentes que permiten entender lo que está sucediendo. Hay que recordar que en 2016 se firmó el llamado Acuerdo de Paz, que se estuvo trabajando desde 2012 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, y que de hecho esa negociación es la que le permitió a Santos reelegirse. Ese acuerdo establecía condiciones y circunstancias para el abandono de las armas por parte de las FARC, dentro de las cuales estaba contemplada la Justicia Especial para la Paz –JEP-, que es un marco de justicia transicional acordado en la Habana.

El otro antecedente importante es que hubo un referéndum en 2016, donde se preguntaba si se quería la paz o no, y ganó el No con el 50,21%. Este es un indicador de la polarización social en Colombia entre la extrema derecha -organizada y representada por Álvaro Uribe Vélez y el partido político Centro Democrático- y el campo social y democrático que fue quien hizo campaña por el Sí.

Estos dos antecedentes hablan por lo que han sido los últimos años en Colombia. Un intento por cerrar el ciclo de violencia política, de una guerra con motivos políticos. Pese al acuerdo las elecciones posteriores las ganó la derecha y el presidente Iván Duque es una figura que atiende incondicionalmente a las indicaciones de Álvaro Uribe, nosotros decimos que básicamente es un presidente títere y quien ejerce la presidencia de facto es Uribe, o sea la extrema derecha.

En el acuerdo vinculado a la justicia transicional se establece que posterior a su firma -octubre de 2016- cualquier delito que realicen integrantes de las FARC va a ser juzgado por la justicia ordinaria. Todos los delitos anteriores serán juzgados como conexos al delito político, incluido el narcotráfico, garantizando la reparación integral de las víctimas y dando castigo a los máximos culpables por delitos de lesa humanidad o de la mas alta responsabilidad.

Entonces lo que hay, es toda una argucia, un movimiento muy raro en el que se presentan unas pruebas (grabaciones de audio y video) en donde se escucha a Santrich en una reunión con personas asociadas al narcotráfico. Es una prueba extraña, nunca suficiente.

A partir de ella se genera una disputa entre la Justicia Especial para la Paz y la justicia ordinaria, representada por la Fiscalía. Lo que sucede es que se le priva de la libertad a Santrich y empieza una disputa jurídica entre esas dos instancias por establecer si el delito se realizó antes o después de la fecha establecida (octubre 2016).

La Justicia Especial para la Paz le pide las pruebas a los Estados Unidos que es quien solicita la extradición por el delito, y las pruebas nunca llegan. Frente a ello la Justicia Especial para la Paz emite la orden de liberar a Santrich ya que no se cuentan con pruebas para establecer cuando fue cometido el delito. Luego de ello se suceden dos días extremadamente tensos, se rumorea que Duque decretaría Estado de Excepción para extraditar a Santrich a los Estados Unidos. Finalmente no se concreta el Estado de Excepción y liberan a Santrich. Lo liberan drogado e inmediatamente lo detienen nuevamente por orden de la Fiscalía, lo vuelven a capturar en la puerta de la cárcel. La Fiscalía asegura que tiene las grabaciones y los videos y dicen que el delito fue luego de la fecha establecida.

A partir de ello, la extrema derecha comienza a operar diciendo que lo que hay es un caos institucional, que la justicia transicional crea impunidad para los narcotraficantes. “Estos terroristas, violadores que tienen impunidad, que no puede ser”, señalan... Y plantean, queremos una Constituyente, que es algo que vienen proponiendo desde el plebiscito. La vigente es la Constituyente de 1991, producto de una negociación entre el gobierno y la guerrilla del M19. Es bastante liberal, reconoce los resguardos de tierra para los pueblos indígenas, reconoce las comunidades negras, la plurinacionalidad. Y a partir de una corte constitucional muy liberal, en Colombia tenemos matrimonio igualitario, derecho al aborto en circunstancias establecidas, entre otros derechos.

El gran temor del campo democrático es que esta nueva Constituyente, dada las condiciones políticas permita a Uribe volver a ser candidato presidencial. Pero también podría significar un revés muy fuerte en todos estos derechos ganados. También derechos a restitución de las tierras que los paramilitares despojaron a los pueblos.

Entonces la situación genera un desajuste institucional muy fuerte que deslegitima todavía más el proceso de paz. Dicen, “¡claro, estos son unos narcotraficantes!” y a ello se suman declaraciones de Trump sosteniendo que luego de la firma de la paz aumentó el narcotráfico, y tener la desaprobación de los gringos asusta a cierta élite de Colombia. Por todo esto se genera un ambiente muy fuerte de desprestigio de la justicia especial, que es el núcleo fuerte del acuerdo de paz. Ya que esta es la que les da garantías a los ex combatientes de poder hacer vida civil y vida política.

Esta justicia implica que no se juzgan todos los delitos, sino que solo a los máximos responsables. Además implica reparación integral a las víctimas.

Entonces, a tu entender ¿cómo está relacionado este asunto, este clima que se genera y esta propuesta de constituyente con los intentos por avanzar sobre los territorios indígenas, campesinos y de comunidades negras?

En referencia a los territorios es importante indicar que la presencia del Estado es súper frágil, por las condiciones geográficas, Colombia es un país muy quebrado geográficamente y la dispersión hace que sea difícil la presencia estatal. Por otro lado, la presencia aún de grandes latifundios, en Colombia nunca hizo redistribución de tierras, la concentración es altísima. Hay segmentaciones regionales súper fuertes, hay zonas muy alejadas de cualquier capital. Todo ello ha alimentado la dinámica del conflicto armado, porque llámese guerrilla o paramilitares siempre se ubican muy lejos de cualquier punto de comunicación. Ahora, las tierras siguen siendo de grandes latifundistas y el acuerdo de paz incluía -como he dicho- una ley de restitución de tierras para aquellos casos en donde los paramilitares les habían quitado la tierra a los campesinos y vendidas de mala fe a los latifundistas, esta ley es de 2011, en el primer gobierno de Santos, y en el acuerdo de paz se reafirma.

Por otra parte, en Colombia los indígenas y las comunidades negras tienen reconocimiento de sus resguardos, jurídicamente. En los últimos años se ha disputado para que los campesinos también puedan tener. Lo que se teme con la Constituyente es que se afecte el mecanismo que permite los resguardos, fundamentalmente los derechos de transferencia. Muchos de los proyectos mineros y otros extractivos están ubicados en estos territorios indígenas o de comunidades negras, muchos. Y lo único que impide esa explotación es el resguardo, en tanto derecho territorial de los pueblos.

Pero qué ha sucedido con los territorios luego que las FARC se han retirado. Han llegado otros grupos a ocupar esos territorios, fundamentalmente vinculados al narcotráfico. En poco tiempo se ha constatado un nivel súper fuerte de deforestación donde las FARC ya no están, 280mil hectáreas en 20181. Entonces la dinámica del conflicto armado persiste en los territorios, hay nuevas amenazas, nuevos grupos paramilitares, los carteles mexicanos se están haciendo una fiesta en el pacífico colombiano, el Cauca, el Chocó, donde tienen salida hacia México. Entonces la situación generada provoca fuerte violencia en las comunidades organizadas, que siempre han sido muy fuertes en Colombia, campesinos, indígenas y negros. Adicionalmente hay una parte de las FARC que no se desmovilizó y que sigue en armas, además de la existencia del ELN con quien el gobierno rompió las negociaciones de paz en febrero de este año. Todo ello con un agravante, una dinámica de gatillo fácil contra los dirigentes sociales, desde que se firmó la paz hay 702 dirigentes asesinados, campesino, indígenas, defensoras de derechos humanos. Además de asesinar 135 excombatientes2 que se supone están protegidos en zonas especiales por el Estado colombiano. Hay una dinámica muy violenta contra la organización comunitaria que es la que en este momento mantiene la lucha social. Una cosa que la presencia de la guerrilla invisibilizó durante mucho tiempo es que hay organizaciones sociales muy fuertes. Pero como siempre lo principal han sido las guerrillas, parece que lo único que hay son guerrillas.

Hoy frente a un neoliberalismo rampante, un extractivismo súper fuerte y un esquema privatizador que se mantiene quienes están defendiendo su territorio son las organizaciones campesinas, indígenas, de comunidades negras, las mujeres, los jóvenes. Entonces lo que tenemos es una violencia todavía más fuerte contra esas organizaciones.

Colombia llegó a tener niveles importantes de articulación de estas organizaciones, la expresión más clara fue la Cumbre Agraria Campesina Indígena y Popular, que hizo el paro de 2016, el último gran paro en Colombia. Una articulación multisectorial y multiregional que se ha visto desdibujada frente a tamaña violencia. Finalmente, otro elemento que está jugando fuerte es la migración de casi un millón de venezolanos que ha sido utilizada para atizar la confrontación con Venezuela y acercarse aún más a Estados Unidos. El conflicto con Venezuela a servido como elemento distractor de un montón de casos de corrupción y conflictos institucionales, produciendo un enemigo externo, un ánimus belis, que disipa las discusiones reales vinculadas a temas como educación, salud, tierra, etc., etc.

¿Qué otros asuntos piensas quieren ser afectados por los cambios legales que implicaría la nueva Constituyente?

Todos los derechos liberales que he nombrado anteriormente. Matrimonio igualitario, los derechos de las mujeres al aborto en determinadas circunstancias, algunos derechos de las comunidades sexo género diversas y algunos derechos políticos. La derecha colombiana es súper conservadora, uno de los elementos para que salga el no fue inventar que con el acuerdo de paz avanzaría la “ideología de género”, esto es usado de manera muy pero muy fuerte en Colombia. Fíjese que somos Estado laico recién desde la constitución de 1991.

 

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1. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-uno-d...
2. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/702-lideres-sociales-y-13...