Desafíos para los olvidados de la tierra

Gabriel Oyhantçabal / Foto: Agustina Grenno
La celebración el pasado 30 abril del día del trabajador rural, consagrado por la ley 19.000 como feriado no laborable pago para todos los asalariados y las asalariadas rurales del país, es una buena oportunidad para analizar con detenimiento la situación de aquellos que producen la riqueza en uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía y que, no tan paradojalmente, Yamandú González Sierra definiera como los “olvidados de la tierra”.

Es de consenso que la historia económica, social y política del Uruguay ha estado directamente ligada a las actividades agropecuarias desde nuestra temprana inserción internacional, en el siglo XIX, como proveedores de materias primas para el incipiente capitalismo europeo. Esta preeminencia de la actividad agropecuaria en la historia nacional ha moldeado identidades, definido clases sociales y construido sujetos políticos, al punto que la primera organización clasista moderna del Uruguay fue la Asociación Rural del Uruguay, fundada por la burguesía ganadera en 1871 para promover, en alianza con la dictadura de Latorre, la modernización productiva y la apropiación privada de la renta del suelo.

Este temprana construcción de hegemonía de las clases propietarias del medio rural les permitió colocarse entre los sectores dominantes del Uruguay, posición desde la cual han impulsado o boicoteado procesos políticos (pensemos sino en su oposición a los dos batllismos o su apoyo irrestricto a la última dictadura militar), han sido semillero de buena parte de los ministros de ganadería del Uruguay y, en particular en el medio rural, han impuesto una relación de dominación cultural y política que legitima la super-explotación1 del trabajo asalariado.

Es así que el proletariado rural se desarrolló bajo la estricta tutela de las clases propietarias que lograron resistir la regulación estatal de las relaciones laborales en un país pionero en América Latina por la temprana conquista de derechos para la clase trabajadora, al tiempo que difundían el mito de la “familia rural sin clases sociales” y reprimían cualquier intento de organización sindical. De esta forma los asalariados rurales pasaron todo el siglo XX sin regulación de la jornada laboral (derecho que los trabajadores de la ciudad conquistaron en 1915) ni instancias de mediación salarial como los Consejos de Salarios que, creados en 1943, nunca fueron convocados para estos trabajadores, así como recién en la década del '50, y a partir de una laboriosa tarea organizativa promovida por partidos de la izquierda nacional, lograron consolidar organizaciones sindicales, luego reprimidas y desarticuladas durante la dictadura militar. La recuperación de la democracia en 1985 permitió la re-organización sindical no obstante lo cual, la ofensiva neoliberal consolidó y profundizó las condiciones de postergación de los trabajadores rurales, en un escenario general de ofensiva del capital contra el trabajo.

En este sentido es recién con la llegada al gobierno del Frente Amplio y con la nueva etapa inaugurada en materia de mediación capital-trabajo que los trabajadores rurales conquistan una serie de derechos. Las principales medidas en este sentido tienen que ver con la convocatoria por primera vez en la historia de los Consejos de Salario para los trabajadores rurales en 2005, la regulación de la jornada laboral en 8 horas en 2008, la obtención de apoyos específicos por parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y, como marco general, la ley de fueros sindicales que rige para todos los trabajadores que permitió el crecimiento de las organizaciones sindicales, nucleadas en la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) desde su creación en 2004. A estas medidas habría que sumar la política de distribución de tierras del Instituto Nacional de Colonización que por primera vez incluyó entre sus beneficiarios a asalariados.

Sin embargo, y a pesar de estos avances, los asalariados rurales (alrededor del 10% de los asalariados privados del Uruguay) siguen siendo de los trabajadores peor remunerados de la economía al punto que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2011 tenían el peor salario promedio después de las trabajadoras domésticas, siendo que su ingreso por hora era un 20% menor que el del resto de los asalariados (Moreira y Carámbula, La diaria, 1/10/13). Visto de otra manera, en un país donde las patronales agropecuarias se jactan de ser el “motor de la economía” los verdaderos productores de la riqueza, los trabajadores, son de los peor remunerados de la economía.

A futuro esta situación mejorará levemente a partir del resultado de la ronda de consejos de salarios del año 2013 donde en especial el grupo 22 (ganadería, lechería y agricultura) los trabajadores conquistaron importantes mejoras salariales a pesar de la oposición patronal que inició la negociación ofreciendo 0% de crecimiento salarial. Así a 2015, suponiendo una inflación anual promedio de 8,5%, el salario real de los trabajadores del arroz crecerá 58% y el de los trabajadores de la ganadería crecerá 29%. El resultado de la negociación fue mucho más magro para los trabajadores de la citricultura (que negocian en el grupo 23) que apenas mejorarán su salario un 4,6% en términos reales a 2015.

De todas formas, hay que destacar que el punto de partida de los salarios nominales de menor categoría estaba en el caso de los trabajadores del arroz en el mismo nivel que el mínimo nacional ($7.920 a 2013), y en el caso de los trabajadores de la ganadería en $9.700. Asimismo la mejora salarial a la que llegarán a 2015 lejos está de la media canasta básica (que superará los $30.000 en 2015) y de los salarios que se pagan en otros sectores de la economía, como la construcción que más que duplican el salario mínimo del sector agropecuario (ver Cuadro 1).

Evolución salarial 2013-2015 de distintos sectores de la economía en base a los Consejos de Salario 2013 para las categorías de ingresos.

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Esta última comparación, entre el salario de los trabajadores rurales y los de la construcción, es bien interesante en la medida que se trata de dos de los sectores más pujantes de la economía, que han canalizado importantes flujos de Inversión Extranjera Directa en la última década y que ocupan a más de 70.000 asalariados cada uno. Sin embargo aparece como diferencia sustancial que seguramente esté explicando las diferencias salariales entre ambos sectores, la capacidad organizativa y de lucha de la clase trabajadora, que en el caso de la construcción permitió una apropiación mucho del valor producido.
En definitiva, en una semana donde conmemoramos el día del trabajador rural y el día de todos los trabajadores, aparece como desafío central para los asalariados rurales la construcción y fortalecimiento de herramientas organizativas que les permitan defender sus derechos, disputar la distribución del excedente socialmente producido y, como tarea de largo plazo, erosionar la hegemonía de las clases propietarias del medio rural. Y esta tarea requiere del esfuerzo de todos los trabajadores.