El Estado como arena de lucha

Carlos Javier Andujar / Marcha.org.ar
El Estado no es una cosa. No lo podemos tocar. Es una relación social de dominación que puede ejercerse gracias al control de ciertos recursos.

Llueve. Por la ventana del viejo bar se ve la plaza inundada. Sólo algunas palomas aprovechan los charcos para bañarse. Algún vecino, que se cansó de esperar que le toquen el timbre para preguntarle qué opina sobre la gestión del gobierno, desafía la lluvia y atraviesa la plaza en busca de la verdulería que se encuentra en frente. En el bar, tres viejos amigos discuten mientras esperan que les traigan las tostadas con mermelada y manteca que pidieron. “El Estado no debe intervenir en la economía”, dice Federico, “cuanto menos Estado mejor, lo único que puede aportar es ineficiencia y corrupción”. “El Estado, como dice el presidente”, sentencia con fuerza de ley física, “tiene que marcar la cancha y poner las reglas, los jugadores somos nosotros, tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad y de las consecuencias de nuestras decisiones”. “Para un poco”, le retruca Luis, que no deja ocultar su enojo y su barba incipiente. “Los Estados nacionales nacieron junto al sistema capitalista y lo único que hacen es sostenerlo y reproducirlo. Esa cancha de la que habla tu presidente está inclinada para un lado. Asegura y conserva privilegios para unos, los menos, gracias a las penurias de la mayoría. No me vengan con cuentos a esta hora de la mañana”. “Paren un poquito”, interrumpe Domingo, “siempre tan extremistas ustedes. Yo conozco Estados que otorgaron derechos a los débiles buscando la justicia social, el tema es que otros no los dejaron. Muchas veces los sacaron por las armas y otras por la urnas, lo que… “¿Yo extremista?” Interrumpe Luis, “en el mejor de los casos, vos sos un ingenuo…” La llegada de las tostadas, la mermelada y la manteca, permiten poner paños fríos a la discusión. Pedro, el mozo, con voz cansada pero firme, dice: “señores, déjense de discutir, al fin de cuentas, “el Estado somos todos” y, con andar cansino, se retira.

Recorro la historia reciente de nuestra Argentina y pienso en voz alta. El Estado Argentino mató, desapareció, robó niños y niñas, en forma sistemática durante la última dictadura militar. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. En los noventa, privatizó empresas públicas, desreguló la economía, quitó derechos laborales. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. En los últimos años el Estado volvió a estatizar empresas, otorgó subsidios a las y los más pobres, levantó la bandera de los Derechos Humanos con hechos concretos, aumentó significativamente el presupuesto de educación, en definitiva, restituyó derechos. Pero también mantuvo los privilegios de las empresas mineras y de los Bancos, siguió recaudando impuestos de modo regresivo (es decir a través de los más pobres) y, si bien discursivamente la enfrentó, siguió violando derechos a través de la violencia institucional. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. En la actualidad el Estado disminuye el presupuesto de ciencia y técnica y los fondos a las universidades, aumenta las tarifas de los servicios públicos a las familias al tiempo que baja los impuestos a las grandes exportadoras, devalúa la moneda y toma deuda externa “en nombre de todos y todas”. ¿Es eso el Estado? Sí lo es. Entonces ¿Qué es el Estado?

El Estado no es una cosa. No lo podemos tocar. Es una relación social de dominación que puede ejercerse gracias al control de ciertos recursos.

El primero de los recursos es el control sobre los medios de coerción física. Normas, jueces, policías, fuerzas armadas, cárceles, etc., integran, entre otras instituciones, el monopolio del uso de la coerción física por parte del Estado. El segundo es el control de los recursos económicos. Si bien claramente en la actualidad existen múltiples actores que poseen mayor poder económico que ciertos Estados (el patrimonio de ciertas empresas duplican y triplican el PIB de muchos países), la facultad de establecer impuestos y realizar gastos, es un rasgo distintivo de los Estados modernos. En tercer lugar, una relación de dominación puede basarse en el control de recursos de información en sentido amplio, incluyendo los conocimientos científicos tecnológicos. En este aspecto, al igual que en el anterior, los Estados “compiten” con las empresas. Negar la capacidad que en la actualidad tiene Google, u otras empresas tecnológicas en el dominio de la producción y circulación del conocimiento y la información, sería necio. A pesar de ello, la existencia y control sobre los sistemas escolares y las Universidades públicas, el control sobre la energía nuclear, los institutos científicos tecnológicos estatales entre otras instituciones, resisten, con resultados diversos, lugares de privilegio en la producción y circulación del conocimiento conseguidos, en otros momentos históricos. Épocas que, tras la revolución tecnológica del último cuarto del siglo pasado, nunca volverán a ser iguales. El último aspecto de una relación de dominación es el control ideológico, mediante el cual los dominados perciben como natural la relación de dominación y no la cuestionan, es más, al no verla como dominación ni se preguntan por ella. Habría que agregar que la amplia mayoría de los Estados en la actualidad tienen sesgo capitalista, es decir que, a través de dicha relación de dominación, defienden y naturalizan la relación capital-trabajo (la mayoría de las personas no tiene otra alternativa que vender “voluntariamente” su fuerza de trabajo a otras que tiene la capacidad para comprarla) como la única forma posible de organización social.

El Estado no es una cosa pero su materialización se concreta a través de la burocracia estatal, que no es otra cosa que el conjunto diferenciado de instituciones y marcos normativos que condicionan las prácticas de los funcionarios a través de procedimientos y la definición formal de competencias y roles. Son Estado, la Ley Nacional de Educación, las Escuelas, y las y los maestros. Son Estado, la Constitucional Nacional, el Congreso y las y los diputados y senadores.

Lo dicho hasta aquí tendría sólo un sentido descriptivo si no incorporamos a la política. Lo que es Estado, lo que no lo es y lo que debería ser, es siempre una lucha política e histórica. Esa lucha se centra en definir qué es, en cada momento y lugar, es decir, de modo situado, el bien común que el Estado dice encarnar. En la disputa por el significado del bien común y su materialización en las políticas públicas que lo concreten, puede verse (aunque algunos prefieren esconderse) como los distintos actores sociales intentan movilizar recursos materiales y simbólicos para que sus intereses sectoriales sean considerados “parte” de ese bien común. Lo hace la Iglesia Católica pretendiendo que su forma de entender lo que es la vida sea la de todos, lo hacen los agroexportadores reteniendo granos para forzar una devaluación, lo hace un gobierno nacionalizando los fondos de jubilaciones y pensiones que otro proyecto político había privatizado previamente. Lo hicieron en 1995 los petroleros despedidos que, en Cutral-Co, cortaron una ruta o las y los estudiantes que recientemente tomaron las escuelas. Una sociedad productora y reproductora de desigualdades como lo es la sociedad capitalista construye también desiguales relaciones de poder en torno a la disputa por el bien común pero, de ninguna manera, dicha asimetría escribe la historia de una vez y para siempre. El Estado como el capitalismo son producto de la historia de la humanidad y esa historia es una historia de luchas.

Tal vez sea necesario recordar para finalizar que, como dice Enrique Dussel, el poder político reside siempre en la comunidad y no en la institucionalización de ese poder que es el Estado. Es la comunidad quien se lo otorga de modo provisorio y temporal para que lo utilice en pos del mandato recibido. Esto es lo que dice el Subcomandante Marcos cuando proclama, con palabras y hechos, “Acá se manda obedeciendo”. El poder político institucionalizado debe ser obediencial, es decir, debe obedecer el mandato de la comunidad que se lo otorgó. De lo contrario es corrupto y la corrupción es doble, tanto del mandatario que se cree sede del poder como de la comunidad que se lo permite.