El miedo no es la forma

Nota: Zur
Colectivos y personas de diversos rincones del país llevan adelante una contracampaña en respuesta a la reforma constitucional propuesta por el senador Jorge Larrañaga. Zur entrevista a la Articulación nacional no a la reforma, que entiende que estas medidas no solo no solucionarán los problemas de seguridad, sino que los empeorarán.

 ¿Qué objetivos tiene la contracampaña?

La contracampaña surge como respuesta al plebiscito que promueve la campaña “Vivir sin miedo”, cuya propuesta de reforma constitucional se basa en cuatro puntos: crear una guardia nacional integrada por 2000 efectivos militares del Ejército que participarán en tareas de seguridad interna; habilitar los allanamientos nocturnos, modificando la inviolabilidad del hogar en la lucha contra el narcotráfico; crear la pena de prisión perpetua revisable; y el cumplimiento efectivo de penas, es decir la eliminación de la posibilidad de obtener beneficios liberatorios que reducen el tiempo de condena para algunos delitos.

Esta articulación nacional “No a la reforma” se propone evitar la aprobación de dicho plebiscito porque entendemos que no solo no resolverá el problema, sino que lo agravará. Al mismo tiempo, entendemos que es impostergable fomentar el debate social acerca de las causas, consecuencias y soluciones entorno a la problemática de la seguridad y la convivencia.


¿Cuáles son los argumentos en los que se basa para oponerse a la reforma constitucional?

La seguridad es el problema que más preocupa a los uruguayos y uruguayas. Este proyecto de reforma constitucional busca profundizar las políticas de seguridad que siguen sin dar resultado. Hace más de 20 años que se aumenta el presupuesto público y privado en seguridad, se endurecen las penas y la tecnificación de la fuerza pública y la criminalidad no ha dejado de crecer. Por esto es necesario abordar el problema de manera seria y responsable.

“Vivir sin miedo” plantea una serie de medidas conocidas e ineficientes para solucionar el problema de la inseguridad y la delincuencia, tanto en nuestro país como en la región. Por ejemplo, la incorporación de dos mil efectivos del ejército para intervenir en seguridad interna: en primer lugar, la propuesta no explica cuál es el argumento que justifica que estas tareas sean llevadas a cabo por militares, y no podrían ser realizadas por los efectivos del MI. Además, debido a la naturaleza, enfoque y entrenamiento, las fuerzas armadas no están formadas para intervenir en seguridad pública ni actuar con población civil, sino para la defensa de la soberanía nacional. La experiencia internacional indica que la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad interna puede generar daños irreparables en la sociedad, fomentando aún más la violencia y criminalidad.

En el caso de los allanamientos, la propuesta no garantiza el respeto por la integridad física de los ciudadanos que están dentro y alrededor de los domicilios a allanar en la noche ni la de los efectivos encargados del operativo. En la lucha contra el narcotráfico, el combate a las bocas de ventas de drogas en el territorio sigue dando pobres resultados debido a la facilidad de movilización de los recursos para funcionar en otros espacios. Es necesario investigar y atacar las rutas de financiamiento para neutralizarlas de manera definitiva y no seguir apuntando al narcomenudeo.

Por otra parte, las cárceles uruguayas están en condiciones deplorables e inhumanas, donde diariamente se violan los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. La superpoblación, el hacinamiento y la violencia hacen imposible la reinserción de las personas, aumentado los índices de reincidencia delictiva. Se genera lo que los investigadores sociales denominan “puerta giratoria”, siendo es un fenómeno constante de ingreso y egreso de la cárcel. Para detener esa lógica, la respuesta no es mantener a la gente dentro de las cárceles por más tiempo, sino evitar que vuelvan a entrar. Necesitamos políticas eficientes que permitan que las personas que cometen delitos tengan oportunidades reales de reintegrarse en la sociedad.

En definitiva, consideramos que estamos ante problemas complejos que requieren soluciones complejas, y no simplistas. No oponemos a que se siga repitiendo el error de que la única respuesta ante los problemas de seguridad, sea el aumento del poder punitivo y represor, porque no sólo no soluciona el problema, sino que, continúa empeorando

¿La contracampaña plantea alternativas o ideas para aportar al debate sobre la seguridad pública?

Entendemos que es esencial fomentar el debate público para construir soluciones entre todos y compartimos la urgencia y preocupación por los problemas de seguridad y convivencia ciudadana que hoy se viven en Uruguay.

Las soluciones, es decir la políticas públicas, en última instancia son planteadas y formalizadas por los órganos legislativos y de gobierno correspondientes. Tenemos presente que hay otras formas de comprender y trabajar la seguridad ciudadana que han sido aplicadas con éxito en otras partes del mundo, en Uruguay existe resistencia o desconocimiento para implementarlas.

Para prevenir el delito es necesario atacar sus causas estructurales, como la persistente desigualdad que existe en Uruguay, los procesos de exclusión social, laboral y educativa, la creciente segregación urbana. Sin ir al fondo del asunto, estas lógicas excluyentes continúan dejando personas al margen del sistema y los acerca aún más a la delincuencia.

A su vez, el enfoque punitivista como única estrategia es algo que debemos discutir. Mientras en los países nórdicos, existen cuatro personas cumpliendo medidas no privativas  por cada persona privada de libertad, en Uruguay la relación es muy dispar, habiendo menos de una persona con medidas no privativas por persona recluida. Esto no solo persigue una lógica del castigo como un fín en sí mismo, sino que está comprobado que las tasas de reincidencia delictiva son más altas en personas que pasan por la privación de libertad, más aún cuando las condiciones de reclusión son penosas, como en nuestro país.

Por último, entendemos que se debe trabajar más en políticas integrales de egreso y apoyo post-penitenciario. Actualmente salen unas 6500 personas privadas de libertad por año y el panorama que enfrentan estas personas es de incertidumbre y precariedad, en términos de integración, vivienda, capacitación, inserción laboral, salud.
 
Consideramos que es tarea de todas y todos debatir sobre los problemas de la seguridad ciudadana, sus causas y sus abordajes. Estamos convencidos y convencidas que las soluciones deben ser integrales.