Impunidades

Susana Escudero / Foto: rebelarte.info
En estas fechas en las que nos detenemos a pensar sobre la impunidad que persiste sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura civico-militar, vale también pensar en cómo esta impunidad se relaciona con otras, que urgen ser miradas y también revocadas.

La impunidad ha sido en la historia una herramienta para perpetuar todo sistema de opresión y de dominación, garantizando el ejercicio indiscriminado de la violencia, el ocultamiento de los crímenes, y por lo tanto de los criminales como tales, y la de una única forma de contar la historia: la de “los vencedores”. Es un dispositivo necesario y constituyente del pensamiento único. Como dispositivo de dominación de unos pocos sobre muchos tiene su expresión en lo económico, lo político, en las relaciones interpersonales, y en la subjetividad.

En este contexto también se ubica la violencia contra las mujeres, violencia sexista que cobra la vida de mujeres en Uruguay -y en el mundo- y que al desarrollarse en el ámbito de lo doméstico acumula muchos actos de violencia que quedan impunes. Otra más que no se mira como tal, que naturalizamos socialmente. Esta violencia como otras necesita la impunidad: para que el agresor asegure su poder, pero fundamentalmente, para que las víctimas en este caso mujeres, no crean posible romper esas cadenas. Estas relaciones gestadas en lo privado se articulan en lo público con otras violencias, otras impunidades, naturalizándolas. Desde la antigüedad las mujeres hemos sido botín de guerra en conflictos armados. Las mujeres del bando enemigo eran transformadas en esclavas o esposas (obligadas) de los vencedores. En la historia del siglo XX se encuentran muchos casos donde se ejerce violencia sexual contra las mujeres que pertenecen al bando enemigo de manera sistemática y como forma de tortura, amenaza y escarmiento -sea esta población civil o miembros de las milicias o la resistencia.El Terrorismo de Estado uruguayo ejercido en la última dictadura militar utilizó la violencia sexual contra mujeres y hombres presos políticos como tortura. Un militar de nuestro país que escribiera una carta a Amnistía Internacional en 1976 relata: “las mujeres son un tema aparte: los oficiales, suboficiales y la tropa comentan con regocijo la llegada de detenidas jóvenes. Algunos de estos han llegado a venir los días francos para participar en los interrogatorios [...]; he presenciado personalmente las peores aberraciones cometidas con mujeres ante otros presos por varios interrogadores”. Como ha sido trabajado por el historiador Álvaro Rico, se trata de impunidad en un sentido amplio, que no solo atañe a lo referido exclusivamente a los autores de los crímenes de lesa humanidad y de los delitos económicos bajo dictadura, sino a la impunidad como una forma de relación social. Un modo de vincularse socialmente que supone sostener la cultura de la impunidad, que también es una cultura que sostiene silencios y secretos.

No es casual. El alto porcentaje de casos feminicidios ocurre en “lo sagrado” de los hogares cuyos “jefes” son integrantes de los aparatos represivos, destinados a sostener “el orden” de éste sistema de explotación.

La impunidad en los ámbitos privados, en “lo sagrado del hogar”, sustenta y alimenta la que se desarrolla en la esfera de lo público, y viceversa. La justificación de la violencia contra las mujeres por parte de actores políticos y sociales que son eslabones del sistema de dominación (las iglesias, los sectores reaccionarios de la política y de la ideología) recurre siempre a la falla en el “deber ser” de los oprimidos: cómo iba vestida, qué hacía a esa hora, etc.; así como el terrorismo de estado recurría y promovía como explicación el “algo habrán hecho”.

Esos discursos operan, además, como soporte para una ideología de privatización de lo público; en tanto define como causa de la violencia las conductas privadas o particulares y no las situaciones estructurales que la originan: así como el “éxito” en el capitalismo neoliberal aparece como un premio a la iniciativa y el esfuerzo, y el ser pobre es la condena del perezoso; el ser víctima de violencia es el castigo por desobedecer a la norma. Un dispositivo que tiene como fin, en lo simbólico, amenazar a toda disidencia y en lo práctico, reprimir toda manifestación de autonomía. El extremo de la perversión moral de quienes dominan, y que se remonta a la antigua Grecia esclavista: se hace a la víctima portadora de su pecado independientemente de su voluntad; en una versión actualizada donde los pastores del poder adjudican los castigos a partir de la voluntad de un dios (el mercado, la ley o el del manto de la descarga) hecho a su imagen y semejanza: es varón, blanco y occidental.

Si aceptamos que un hombre, porque tiene poder violente a una mujer, aceptamos que todo aquel que lo detente pueda golpear al más débil: el rico al pobre, el blanco al negro, el patrón al obrero, el armado al desarmado. Sin impugnar y combatir esta situación, sostenemos los pilares del sistema que nos oprime.