Justicia para Lesbia

Zur / Foto:desinformemonos.org.mx
Lesbia Yaneth Urquía Urquía, militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha sido asesinada el pasado 6 de julio. Se trata de un nuevo feminicidio político, que se suma al de Berta Cáceres, en la lucha del pueblo lenca en honduras en su lucha contra el despojo.

Lesbia  tenía 49 años, era madre de dos hijas y un hijo. Como muchas otras mujeres hondureñas dijo basta a la violencia política, al despojo y al hambre. Se sumo a las luchas contra el golpe de estado en 2009, y como parte del COPINH era actualmente una activa militante indígena, por los bienes comunes, contra la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora.

Las luchas del COPINH, desde su fundación en 1993, ha estado centrada en la defensa de los comunes, del bosque, del agua, de la tierra, de las prácticas culturales indígenas. Pero han sido también luchas en defensa de los derechos de las mujeres, que viven permanentemente violaciones y abusos sexuales. En este contexto y a pesar de él, muchas mujeres como Lesbia, son las que encabezan las movilizaciones y ponen freno a diversos proyectos extractivos.

Una lucha con fuerte participación de las mujeres, no sólo en las marchas, sino en la acción de  defensa y respuesta ante la represión. Este terrible asesinato se parte del alto número de feminicidios, en el marco de una cultura patriarcal y en el caso de honduras fuertemente militarizada que aumenta la agresividad hacia las mujeres. Su crimen constituye además un nuevo feminicidio político, el de una de las tantas mujeres que han dicho basta, que no se han callado y que cotidianamente luchan en defensa de sus territorios. Su asesinato se da en el marco de un proceso de consulta llevado a cabo por el gobierno de Honduras, que se realizaba en los días previos. Se produce además a 4 meses del asesinato de Berta Cáceres, otra de las mujeres referentes del movimiento.

Desde la organización se responsabiliza directamente por su muerte al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales. Se responsabiliza asimismo a Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro, a quienes se los acusa de realizar amenazas a miembros del COPINH en el marco de su lucha contra la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.