La marea de las firmas y los caminos de la lucha por el agua

Carlos Santos / Foto: La Baraja
Este viernes 26 de octubre se entregaron las firmas para habilitar un referéndum contra la Ley de Riego. No fueron suficientes, pero fueron más de las que se presentaron en 2003 para habilitar el plebiscito de reforma constitucional. Como un río, la lucha por el agua en Uruguay no se detiene.

Acompañada de una nutrida manifestación, una delegación de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y las organizaciones populares que impulsaron la campaña contra la Ley de Riego hicieron entrega de unas 300.000 firmas ante la Corte Electoral el día en que vencía el plazo para impugnar las modificaciones a la norma (aprobadas hace un año en el parlamento).

“Muchos pensarán que esta es una derrota” decía Carlos Sosa de la FFOSE en la puerta de la Corte Electoral, “pero esta es la primer batalla”. “No conquistamos la voluntad de la gente porque no tuvimos los brazos para alcanzarlos” sostuvo más adelante, ante cientos de militantes que se hicieron presentes a la hora de entregar las firmas recogidas durante la campaña que se desplegó en el último año. “Las fuentes de agua están cuestionadas y en camino de privatización” sentenció Sosa, para anunciar que seguirán otros pasos en la lucha contra la Ley de Riego: la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia será el primero de ellos, pero no se descarta la posibilidad de realizar una denuncia a nivel internacional, por ejemplo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien la cantidad de firmas no fue suficiente para alcanzar el 25% del padrón electoral requerido para interponer el recurso de referéndum (aproximadamente unas 650.000 firmas) es importante destacar que el número de firmas es superior al que se recogieron entre 2002 y 2003 para habilitar el plebiscito de Reforma Constitucional de 2004. En aquel entonces se entregaron ante el parlamento unas 250.000 firmas (cuando se requería un 10% del padrón electoral).

En los últimos días de la campaña, luego de la Marcha Nacional en Defensa de la Tierra el Agua y los Bienes Comunes -desarrollada el 5 de octubre- comenzaron a multiplicarse los puestos de recolección de firmas en diferentes puntos del país. Se desarrollaron de manera autoconvocada una serie de iniciativas barriales o vecinales de recolección de firmas, descentralizadas y fuera de la planificación de las organizaciones que llevaron adelante la campaña. Barriadas, puestos de recolección en ferias vecinales, en plazas y lugares públicos, en muchos casos con personas haciendo fila esperando su turno para firmar. Un comunicado emitido por la FFOSE dos días antes del cierre del plazo legal era elocuente en el llamado a la población: “surgieron mesas de recolección en todos los barrios, lugares de trabajo o estudio, puntos neurálgicos de las ciudades. Militantes anónimos recorren las casas, las barriadas. Los sindicatos instalan mesas de recolección, lo mismo hacen los estudiantes y jóvenes inundan las redes llamando a firmar”.

Un punto particular de atención lo llevó el hecho de que un número importante de integrantes de la escena cultural (actores y actrices de teatro, músicos, compositores, integrantes de mugas de carnaval, etc.) comenzaron a grabar mensajes que circularon a través de las redes sociales convocando a firmar contra la Ley de Riego.

El comunicado de FFOSE lo planteaba en estos términos: “ahora lo necesario es realizar todos los esfuerzos para que esta marea que ha inundado todo el país, se convierta en papeletas firmadas”. La marea subió, inundó la opinión pública y hasta preocupó a unos cuantos legisladores que salieron a defender la Ley con manifestaciones que están al borde de la verdad. Es claro que la campaña contra la Ley de Riego es un momento más de acumulación en las luchas que denuncian los efectos del modelo del agronegocio, pero también es un punto de inflexión en la relación entre las organizaciones sociales y los gobiernos progresistas en Uruguay.

Aunque la represen, el agua seguirá su curso. Aunque traten de impedirlo, la lucha social por el agua y los bienes comunes seguirá avanzando.