Las cuentas no me cierran

Martín Sanguinetti / Foto: Rebelarte
El 30 de junio es la fecha límite que la constitución establece para que el Poder Ejecutivo envíe al Poder Legislativo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Además de rendir cuentas ante el parlamento, el Poder Ejecutivo puede incluir artículos que habiliten la ampliación de gasto público en el período siguiente.

Esto, no puede hacerlo siempre. La constitución prevé que en año electoral no se puede aumentar el gasto fiscal, por tanto, la tan especial Rendición de Cuentas de este año se debe a que lo que se incluya ahora, determinará el presupuesto hasta el año 2021, momento donde comenzará a regir una nueva ley de presupuesto quinquenal con un nuevo gobierno.

Pero además

No solo en lo que hace a lo legal hace especial a esta rendición de cuentas. El cuento se remonta al 2015, momento donde el reciente tercer gobierno del Frente Amplio aprobó una nueva Ley de Presupuesto. Esa Ley tuvo algunas novedades, la más importante, es que no previó presupuesto para el quinquenio, sino sólo por dos años. Ante la excusa de la incertidumbre económica regional y mundial, el gobierno optó por “garantizar” presupuesto por solamente dos años. Lo de las comillas se refiere a que ante la mala coyuntura del año 2016, en la rendición de cuentas de 2015 se quitó buena parte del gasto adicional previsto a ejecutar en el año 2017, impactando fundamentalmente sobre la educación y la salud.

Otra de las novedades de la ley de presupuesto de 2015, fue la instrumentación de la modalidad  Participación Pública Privada en variadas áreas del Estado, profundizando un proceso de privatización de bienes públicos. En particular en salud/educación con el proyecto de privatización del Hospital de Clínicas -frenada por el cogobierno de la UdelaR- y en educación -ANEP y INAU/CAIF- donde se construirán 169 centros educativos por dicha modalidad. La novedad de esta rendición de cuentas, se debe a que debe incluir para el año 2019 partidas para comenzar a pagar el canon para tener derecho a usar la infraestructura educativa. Esto hace especial esta Rendición de Cuentas, ya que debe incluir el gasto de los primeros tres pliegos -el cuarto se encuentra en licitación y recae sobretodo en educación media- y estos rondarán el 0,1% del PBI por año, gasto público que se computa como educación pero que va directo a manos privadas por 20 años con opción a 15 más.

Y por último, es también especial, por el hecho de que esta Rendición de cuentas nos da la certeza que no se cumplirá con un sinfín de intenciones, promesas, tendencias y no sé cuantos adjetivos más, que a lo Scelza, el gobierno ha anunciado con magras promesas desde el año 2015.

El manto de la ortodoxia.
A partir del año 2015 la coyuntura de bonanza vivida hasta el momento se vio comprometida, ante este escenario el tercer gobierno del Frente Amplio optó por un manejo “prudente” de la macroeconomía. Lo de prudente en economía quiere decir ortodoxo, o en términos críticos reproductor de la realidad. En ese marco comenzó una política contractiva de la demanda interna, esto pudo hacerlo por dos vías. Por un lado, en la VI Ronda de Consejos de Salarios el gobierno realizó cambios sustantivos en perjuicio de los y las trabajadoras -como la desindexación salarial-, también marcó aumentos salariales que en ese momento significaban pérdida de salario real para muchos y muchas trabajadoras -luego la inflación cedió inesperadamente debido a la reducción del tipo de cambio, mejorando el panorama[1]. Por otro lado, contuvo el gasto público y realizó un plan de ajuste que recae fuertemente sobre las empresas públicas pero también en todo el Estado.

La frases más utilizadas por nuestro ministro de economía son de prudencia, manejo racional y responsable entre otras, pero que apunta a convencernos que hacer otra cosa sería de personas locas, irresponsables. La cuestión de fondo, es que hacer estas acciones pueden ser muy racionales para la macroeconomía ortodoxa y de hecho, resulta de manual que cuando algo anda mal es mejor achicar. Pero achicar implica reproducir y profundizar lo existente, ya que por un lado, es dejar de invertir en educación, cosa que significa apostar a cambios sociales profundos en el mediano y largo plazo, en salud y vivienda con lo que eso significa en el bienestar de la población, reducir gastos y funcionamiento de las empresas públicas perjudicando los servicios de las mismas. Por otro lado, es incentivar la inversión, en particular la extranjera y en este contexto, implica la profundización de las privatizaciones “no hay plata, que lo haga el privado, que además lo hace mejor”.

Los costos del achique


La restricción impacta sobre los gastos sociales por varias vías, por un lado por la falta de recursos necesarios para solucionar problemas estructurales en particular en educación, salud y vivienda. Más recursos es una condición necesaria para continuar pensando cambios que logren seguir cambiando una lógica de décadas y décadas de carencias. Por otro lado, no saber o tener certeza de los recursos que se contará con un plazo adecuado, no permite hacer planificaciones en políticas de impacto claras, coherentes y sostenidas en el mediano y largo plazo. La política educativa, la de salud y vivienda requieren necesariamente de planificación con tiempos más extensos que dos años o un año, si es que se quiere que tengan algún impacto. Y por último, para que cierre la cuenta macroeconómica se incentiva la inversión privada y dada las restricciones, la solución es privatizar servicios públicos. La evidencia empírica muestra que esto termina siendo más caro para la sociedad, pero lo más grave es que se pierden lugares y servicios comunes, pasando a ser de mercado.

Un ejemplo de esta restricciones pueden verse en concreto en la educación, el gobierno en el 2015 prometía tender a alcanzar el 6% del PBI para la educación a fin del quinquenio.
El gasto en educación tiene su mayor componente en salarios, algo más del  80% del gasto es salarios o masa salarial, por tanto, aumentar el gasto es mejorar las condiciones laborales. En el 2015 junto con el presupuesto se firmó un Convenio Salarial para los y las trabajadoras de la ANEP. Allí el Poder Ejecutivo se “comprometió” a alcanzar un salario equivalente a 25.000 pesos del 2015 para el 2020. En esta Rendición de Cuentas, los aumentos que pronostica el Poder Ejecutivo, prevén para el año 2019 un incremento de $1.942 millones, que se destinarán al aumento de salarios. Pero eso solo será para el año 2019, no previendo ningún aumento para el 2020. Por lo tanto, no se llegará a lo prometido en el convenio firmado en el año 2015: “Tender a que un docente titulado con 20 horas gane como mínimo 25000 pesos -valores 2015-”. Este valor sería hoy de $31.667. Hoy un docente de 1er. Ciclo 20 hs titulado Tiempo Extendido Efectivo gana $29.143 según la ANEP y con el aumento de 3,5 ganará $30.163 [2] .
 

La insuficiencia salarial es notoria y objetivable de distintas formas, algunos ejemplos pueden ayudar a comprender: El 75% del profesorado trabaja más de 22 horas, es decir, más que la unidad básica; el 25% trabaja más de 40hs aula; más del 50% del profesorado tiene multiempleo (esto es, trabaja en otro lugar además del Consejo de Educación Secundaria); según estimaciones del INEED, personas con nivel de formación similar al profesorado pero que se dedican a otras tareas ganan en promedio un 22% más por hora trabajada; existe un componente importante de horas de trabajo no remuneradas extra aula.
El reclamo de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) es la de media canasta como mínimo por 20 hs de trabajo, esto equivale a $38.366, monto que permitiría pensar cambios sustantivos en el sistema educativo y en la carrera docente. Si se destina 5,1% del PBI a ANEP y UdelaR, es decir aumentar 1% de lo que hoy se destina, cumpliría con el pedido de los sindicatos y con la promesa de llegar al 6%.

Hubo un tiempo que fue hermoso


Cabe aclarar que el progresismo, si bien en otro contexto, vivió cierta incertidumbre ante el escenario de la crisis internacional 2008-2009. En esta ocasión, Uruguay casi no sufrió caídas en el crecimiento del PBI. Esto fue posible por políticas públicas expansivas que permitieron aumentar la demanda agregada. Aumentó el consumo privado con mejoras sociales, ya que vía convenios de salarios se permitió mejorar el salario y a su vez aumentó el empleo. Aumentó el gasto público, sobretodo en salud y educación -el gasto público en educación aumentó 1% del PBI en ese período-, pero también en inversiones públicas -se destaca energía e infraestructura, entre otras-. A su vez, a pesar de la mala coyuntura mundial, también aumentó la inversión privada, sobretodo la Inversión Extranjera Directa. Es decir, se logró abatir la coyuntura de la caída de las exportaciones con políticas expansivas que dinamizaron la demanda interna y permitió hacer grandes avances en inversiones sociales -como las tradicionales en vivienda, salud educación y nuevas como el plan de equidad-.  Esto repercutió en mejoras sociales debido al gasto público, la creación de empleo y la mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Es decir, se enfrentó la crisis con medidas heterodoxas que iban acordes con el enamoramiento progresista.

Este enamoramiento parece desquebrajarse luego del 2015, sobretodo para los que defienden los gastos sociales como la salud, la vivienda y la educación y se suma a otros que nunca estuvieron enamorados. En este año se juega mucho, y el partido está complejo, sobretodo porque los anuncios son que no se cumplirá ni siquiera con sus magras intenciones, promesas, tendencias o no sé qué. Todo depende de la fuerza.

 

Referencias

[1] El Poder ejecutivo para las pautas de la VII ronda de consejos de salarios, vuelve a realizar una propuesta similar, pero con aumentos más bajos. Y dice que la inflación cedió gracias a la nominalización del salario, pero eso es muy discutible. De hecho el último informe de la Asesoría Macroeconómica del BCU, muestra que la baja del ritmo inflacionario fue más explicado por el Tipo de cambio que por cualquier otra variable.

[2] Cabe aclarar que 20 horas semanales de aula se corresponden con al menos 10 horas semanales más de preparación, corrección, atención a alumnado, etc.

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