Lo loco ajeno y lo loco propio

Nota y foto: María Noel Sosa
El pasado 30 de junio, se presentó en el Palacio Legislativo, la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, que busca avanzar en la lucha por la desmanicomialización en Uruguay. En la misma confluyen muchas organizaciones sociales en reclamo de una nueva ley que respete los derechos humanos y que reconozca las voces plurales respecto a la temática.

El año pasado la Asamblea Instituyente por salud mental, desmanicomialización y vida digna, que funciona desde el 2012, presentó al Parlamento un anteproyecto de ley de Salud Mental. Luego de ello, desde el Poder Ejecutivo se envió al Parlamento un proyecto de ley que busca un cambio en el modelo de atención. Proyecto que aún tiene mucho por escuchar de quienes trabajan, desde distintos lugares y con diversas implicaciones, con personas con padecimiento de lo psiquiátrico.

Es por ello que recogiendo la tradición de organización social, se ha conformado recientemente la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental.  Si bien se trata de un espacio de reciente conformación y por ello dinámico en su composición, está integrado en la actualidad por 48 organizaciones que incluyen a familiares, usuarios/as, trabajadores/as, estudiantes, grupos de Derechos Humanos e instituciones universitarias. Todavía hay organizaciones que se siguen sumando y la comisión está abierta a nuevas adhesiones. Quienes la conforman y quienes deseen incorporarse, lo hacen en acuerdo con una plataforma de once puntos, que guiados por la máxima de respeto a los Derechos Humanos, la dignidad y el buen trato hacia las personas con problemáticas en salud mental tienen varios aspectos relevantes.

Zur dialogó con tres de sus integrantes: Maria Paula Correa y Sebastián Batista de Asamblea Instituyente por salud mental, desmanicomialización y vida digna y Nelson de León quien la integra por la Facultad de Psicología, sobre los pasos recientes y el horizonte de desmanicomialización.

Más comunidad, menos manicomios


La discusión que viene desde hace varios años y que ahora se cristaliza en una posible ley, tiene como eje, ni más ni menos, que un cambio en el modelo de atención y en el relacionamiento con lo loco. Entre otras cosas se plantea el cierre de todas las instituciones asilares y hospitales monovalentes públicos y privados a nivel nacional, para pasar a un nuevo modelo no sanitarista, que incluya un abordaje integral e interdisciplinario y que se base en entramados y redes sociales comunitarias. Esto supone, y por ello es parte de la plataforma, la revisión de todas las prácticas terapéuticas iatrogénicas y coercitivas, la medicalización de los tratamientos, el uso indiscriminado de electroschock y las medidas de sujeción. Implica también un abordaje con perspectiva de derechos humanos, que desborda la atención sanitaria, para señalar la urgencia de un goce efectivo de los derechos que incluyen acceso a vivienda, trabajo, educación.

Cambiar el modelo de atención implica una distribución de poder y también una redistribución de recursos, planteado precisamente en momentos de recorte. Los datos que desde la comisión manejan, indican que el gasto estatal anual en 2014 para las colonias fue de $ 542.663.867 y de $467.973.567 para el Hospital Vilardebó. “En números gruesos, hablamos de que el costo de una persona es de $2000 por día, que si haces las cuentas es un sueldito de casi 70.000 mil pesos”, indica Sebastián. Está claro que no es hacer cuentas simples, ni de individualizar gastos, pero los datos sí arrojan luz sobre lo que se está gastando realmente y en qué se lo hace. Si bien no se cuenta con información de cómo están divididos esos datos, es claro que ese gasto por persona no condice con la situación de las colonias o del hospital.

Si bien hay un planteo de que no ingresen más pacientes a las colonias, cuando se habla de otras formas de externación se responde que hay que “esperar que muera la gente”, lo que da cuenta del panorama, indica Paula. Es por ello que la apuesta por un modelo de atención diferente y una respuesta social nueva no es sencilla. No sólo requiere de voluntad política, leyes, recursos y articulaciones interinstitucionales, sino que insume mucho tiempo y paciencia, y sobre todo necesita “nuevas formas de relacionamiento con lo loco propio y lo loco ajeno”, como señala Sebastián. Las situaciones son diversas, pero en muchas se trata de una larga trayectoria de vida institucionalizada, por lo que la persona ha perdido su ejercicio cotidiano de elegir y tomar decisiones. Desde este punto de partida, trabajar en el ejercicio de la autonomía y los caminos hacia una vida digna, lleva muchos pasos. Por ello la tarea de la comisión implica impulsar a nivel parlamentario y social una perspectiva integral, que nos involucra.

Fantasmas neoliberales


Cerrar los hospitales monovalentes o  reducir la internación no implica una apuesta neoliberal que deje de gastar recursos públicos en materia de salud mental, sino que los direccione. Desde la comisión insisten en que la propuesta no se trata de una desmanicomialización neoliberal, en la que se cierran los hospitales y las personas van a la calle, quedando expuestas y tal vez en peores condiciones. Se trata, por el contrario, de avanzar en un proceso de cierre ligado a una externación pensada, que incluya la voz de usuarios, familiares y trabajadores/as en las estrategias a llevar a cabo. El punto es una nueva mirada desde las políticas asistenciales, que sigan contando con recursos, pero usados de manera distinta, lo que  implica nuevas respuestas de los prestadores de salud, públicos y privados.

Es un tiempo diferente a la década del 90 en la que hubo cierre de hospitales, en una suerte de desmanicomializacion forzada, por temas de reducción del gasto. “No es el caso.  Se apuesta a una desmanicomializacion presupuestal, a un cambio en foco, de la contención”, señala Nelson De León.  Sin embargo, pese a ser una propuesta que está lejos de lo neoliberal, reconoce que “Hay vientos neoliberales que soplan fuerte”, y por ello insisten en desmarcar la propuesta de ley de esas políticas. También comentan que en tiempos de avances de derecha, y con estos vientos, pueden aparecer retrocesos conservadores: “En Jujuy devino en una nueva aplicación de electroshock, que gracias a la existencia de un órgano autónomo se paró. Incluso en Brasil, que tienen una ley general, basada en la pelea por derechos humanos con una gran fuerza desmanicomial de la salida de la dictadura, ahora viene la derecha y en semillas de manicomios que no se terminaron de cerrar y vuelve el electroshock y la vuelta al encierro en el manicomio”.

Esta perspectiva por una atención integral es en alguna medida también heredera de las luchas contra el neoliberalismo, en la búsqueda por  condiciones de vida digna para todos y todas.  Es que en esta tarea, también hay que meterse con los derechos que no están para los pacientes y para muchos otros y otras. “Muchas veces en el Hospital Vilardebo las externaciones posibles son detenidas por problemas sociales. Porque el tema vivienda sigue siendo un problema, la  inserción laboral también”, indica Nelson. La perspectiva de derechos humanos por la que se apuesta entrelaza a esta lucha con otras luchas por vivienda, trabajo, educación, salud.

Tierra de nadie


Hace unos meses, previa a la conformación de la comisión, se  hizo un pedido de acceso a información, a distintos organismos públicos, tales como BPS, MSP, ASSE, que da cuenta de una falta de información, sin la cual es difícil pensar un plan nacional. “Parte del debate de la ley tiene que ver con abordajes y practicas, con políticas más grandes, de cómo se va a hacer”, indica Paula. En este relevamiento de información se ha encontrado que no hay protocolo para electroshock, ni sobre cómo y quiénes pueden recetar ciertos fármacos. No se cuenta con datos de cuántas instituciones publicas y privadas tienen atención y tratamiento en salud mental con internación. Lo que “da cuenta de que es un terreno bastante abandonado y resalta la importancia de un órgano que se dedique a ello”, agrega.

Un punto álgido ha sido la creación de un órgano de revisión y supervisión independiente y autónomo. Esto no sólo en relación al debate sobre la ley, sino incluso con algunas organizaciones, como la Asociación de Psiquiatría, que estuvo en intercambio para integrar la comisión, tuvo sus recaudos con este punto y por ello finalmente no la ha integrado.

La ley es necesaria, pero es solo una primera conquista, señalan. “Por eso ese punto tan importante que maneja la comisión de un órgano independiente y autónomo, que sea quien ejerza presión para que se cumpla la ley. La vigilancia de las organizaciones sociales si, pero pero también la materialización de un órgano que realmente esté, vamos a estar mas tranquilos sabiendo que está eso. Hoy en día esa tarea la tiene el MSP, la tiene, pero no la está cumpliendo. Nadie puede ser juez y parte. El tema de salud mental es tierra de nadie. Por eso lo de ese órgano y su ubicación no es capricho”, indica Sebastián.

Todas las voces


La plataforma ya ha sido presentada. “Ahora hay un tono de voluntad política, tienen que darse instrumentos que tocan ahí, porque hay distintos niveles de responsabilidad”. En la aplicación de la ley “van a tener que haber saberes que incluyan el de los familiares, de los trabajadores. Un modelo no sanitarista, biologizante, desde política pública, que busque desde la acumulación y experiencia de equipos, comisiones, experiencias territoriales, familiares”, señala Nelson. Esta nueva distribución implica reconocer voces, saberes e implicaciones para todos y todas las involucradas. Otro de los puntos importantes viene siendo el establecer un cronograma de cierre de los hospitales psiquiátricos, que puede ser a cinco años o más, pero que debiera tener un plazo pautado.

Es que parte de la disputa es con el campo de la psiquiatría, en la medida que se están cuestionando practicas y saberes. “Es importante ver cómo se va a distribuir poder, porque el cambio de paradigma es distribución de poder. Hay que reconfigurar las relaciones de poder, que no siga sostenida en los mismos parámetros”, señala Nelson De León.

Uno de los puntos principales es la participación activa de los y las trabajadoras, que incluya espacios de formación y cuidado, desde una perspectiva de derechos humanos. Ni el cierre de los hospitales monovalente, ni las otras propuestas, afectan a quienes allí trabajan. “No está en juego la fuente de trabajo ni la perdida salarial”, afirma De León. Se trata de cambiar la perspectiva de formación, que permita el pasaje del modelo manicomial a uno de tipo comunitario. Parte de la apuesta es que los y las trabajadoras puedan desarrollar tareas adecuadas, mejorando la atención y el proceso de trabajo. La comisión la integra COFE, UTMIDES y la comisión de discapacidad del PIT-CNT. Se han realizado varios intercambios con trabajadores/as, donde dialogan sobre la propuesta y sobre las necesidades de los mismos, buscando que la ley también implique mejoras para los trabajadores, en los que existen altos niveles de ausentismo. Si bien, como todo cambio, genera resistencias, la apuesta es al diálogo, a que los trabajadores participen para apropiarse y dar su voz,  “dejar de lado los fantasmas, construir entre todos algo distinto, mejor”, señalan.

También es importante la participación de usuarios y familiares en el diseño, aplicación y seguimiento de los nuevos abordajes. Así como reconocer que hay experiencias desarrolladas por colectivos, organizaciones de familiares y usuarios, y muchas experiencias de extensión universitaria  que se sostienen por militancia,  pero a las que les resulta difícil la continuidad por no contar con apoyo.

Pese al cansancio


Las próximas actividades de la comisión vienen a reforzar la apuesta por realizar una movida social y cultural. “La idea es llevar a la calle, es hacernos cargo entre todos.” Nos invita a pensar: “Si le tenes tanto miedo a lo loco ajeno, ¿por qué será? Vamos a hablarlo, vamos a encontrarnos”, relacionarnos con la locura”, indica Sebastián. Se trata de “apuntar a eso fuertemente, ir generando otras formas de relacionamiento con lo loco propio y ajeno, porque no solo esta afuera”, indica Paula.

El camino recorrido es largo y mucha la tarea que queda por delante. “Es una lucha cansadora y desgastante, es incomoda”, indica Nelson. Es que además de pelear por la ley, muchos de quienes participan en ella trabajan cotidianamente con hombres y mujeres, por una vida digna, por fuera de los muros del manicomio. En el horizonte está la promoción de procesos de desestigmatización y despatologización y hay enormes desafíos de seguir en el tema luego de la aprobación de la ley. Uno de ellos es el estar atentos a su implementación, el seguir luchando porque se respeten los saberes acumulados y todas las voces. Una lucha tiene también gusto a paradoja, porque si bien nunca se había llegado a un nivel tal de acumulación y transversalidad, con la participación de otras organizaciones de derechos humanos, de diferentes temas, frente a este nivel de acumulación y visibilidad, chocan casos como el señor que fallece en las colonias luego de pasar 43 años internado.

“Creo que va a haber Ley de Salud Mental, nosotros seguiremos insistiendo para incidir en lo que las organizaciones sociales han considerado son puntos fundamentales”, concluye Nelson.