Luchar como una mujer

Maria Noel Sosa / Foto: Radio pedal
Un grupo de vecinos de Paso Picón, con una mujer como vocera y principal promotora, se ha encargado de denunciar sistemáticamente los daños por la fumigación de soja con glifosato.

Adriana Pascual es maestra y tiene una hija. Desde el 2011 vive en Paso Picón, zona rural ubicada a unos 5ks de Canelones. Atenta a los ciclos y los ritmos de la vida, poco tiempo después de mudarse vio que el limonero que daba sus frutos a la escuela y la comunidad se muere, que sus  perros se enferman, que su niña se enferma más de la cuenta. Empieza a desandar la madeja de las señales dispersas que comienzan a tener un hilo común: el glifosato. Para eso fue preciso charlar en el almacén, en la escuela, con las vecinas y vecinos. Ahí empieza a conocer de plantaciones de soja, de fumigaciones. Como tantas otras mujeres en América Latina, Adriana empeñada en tener y preservar condiciones para una vida digna, ha decidido junto a otros vecinos denunciar la fumigación por agrotóxicos.

Su voz da cuenta de indignación. Habla rápido, tiene mucho para contar de los pormenores de una lucha tozuda, pero que comienza a dar frutos. Desde los agudos de su voz femenina se escucha la fuerza de su constancia y su apuesta por la vida ante todo. Adriana es vocera de un grupo de 9 vecinos, de una comunidad pequeña, de unos 400 personas. Ella, junto con a los  otros/as vecinos, se ha encargado de denunciar sistemáticamente la fumigación con glifosato de los cultivos de soja del predio del doctor Máximo Castilla.

Desde el 2009 había denuncias de otro vecino y ya se había  multado al productor por fumigar desde una avioneta. En función de las denuncias anteriores se había prohibido la fumigación aérea. A partir de ahí, el productor empieza a rociar sus plantaciones con glifosato a través del “mosquito”, una máquina similar a un tractor, que hace la fumigación terrestre. Adriana señala con una lucidez que desde su simpleza casi pasa desapercibida, cómo el “mosquito fumigador” fue parte de la campaña electoral frenteamplista, como signo de desarrollo y progreso.

En el Uruguay con sus bases agropecuarias, su denuncia cuestiona al modelo desde abajo. Cuestiona los efectos inmediatos en la salud de una comunidad pequeña y el potencial daño para una ciudad capital. Es que el predio del Sr. Máximo Castillo, de unas 500 hectáreas, está entre los arroyos Canelón Grande y el Canelón Chico, cercana a  aguas corrientes, donde se realizan procesos de potabilización del agua para Montevideo.

Varios problemas que fueron sucediendo a partir de su denuncia y las posteriores sanciones al productor.  El Doctor Castilla usó las vias formales y la denunció por calumnias e injurias. También uso vías no formales, y Adriana recibió amenazas. En su relato, señala además las complicidades provenientes del mutualismo, que no le brindaba garantías para los estudios que acompañan las denuncias, y de un sistema que suele caer en un lugar común: una mujer que se queja demasiado está loca. En el proceso de la denuncia, dado su acercamiento al glifosato sufrió una intoxicación, y tratando de obtener los estudios para la denuncia, escuchaba que le decían a su pareja: “Está nerviosa. Llevatelá.” y otro tipo de formas de calmar a una mujer que por tener antecedentes de medicación por depresión le quitan capacidad enunciativa.

No fue fácil empezar el proceso de denuncia, entre otras cosas por razones simples y prácticas: en la web del MGAP no se habla de agrotóxicos, sino de elementos “fitosanitario”. Persistente, Adriana fue logrando sortear las dificultades de un sistema que no estaba ni está preparado para recibir realmente este tipo de denuncias.  Hace dos años, los vecinos organizados lograron hacer una reunión en la escuela de la zona, para dialogar con los productores de la zona y las autoridades estatales correspondientes: MSP, Intendencia de Canelones, MGAP. También acudió el INDDHH y periodistas de Brecha y La Diaria. Si bien el Instituto concluyó que “el Estado uruguayo fue negligente y omiso en la protección de los derechos humanos”, no supone más que una sentencia vinculante en lo moral, pero sin consecuencias legales.

Con los vecinos han logrado generar condiciones para denunciar al MGAP, hacer los estudios sanitarios correspondientes para acumular pruebas. Con la evidencia que lograron recolectar el MGAP y con una buena gestión de funcionarios de la Intendencia de Canelones, se  multó a Castilla  en  60 Unidades Reajustables (54.300 pesos). Claramente esto no resuelve la situación, pero “nos da aliento y difusión, nos da una pequeña batalla ganada”

Compartimos aqui audio de la entrevista que le hizo Radio Pedal