Nadie es capaz de matarte en mi alma

Mariana Mosteiro*
En el año 2016, fue considerada como crítica la cifra que refiere a la cantidad de personas que murieron dentro del sistema penitenciario. El 2017, pese a que aún no se cuentan con las cifras finales, tampoco parece garantizar el derecho humano más básico para todas las personas privadas de su libertad.

 

“La comunidad se embrutece infinitamente
más por el uso habitual del castigo
que por la ocurrencia ocasional del delito”
Oscar Wilde

 

En el año 2016, fue considerada como crítica la cifra que refiere a la cantidad de personas que murieron dentro del sistema penitenciario. Así fue calificada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit 1. El informe anual y, en particular, el trabajo que refiere a las muertes dentro de la cárcel 2, establece que murieron 47 personas bajo la custodia del Estado. Particularmente, las muertes en circunstancias violentas (32) concentraron la atención, ya que habla de lo deficitario que continúa siendo el sistema, por inacción, por falta de técnicos y por la ausencia de un programa que intente abordar desde una perspectiva integral el pasaje por la cárcel. 

Este 2017 tampoco parece garantizar el derecho humano más básico para todas las personas privadas de su libertad. Al 31 de octubre del corriente año, según cifras brindadas colaborativamente por el equipo del Comisionado (su informe es anual, por lo que las cifras  totales se conocerán el año siguiente), de la totalidad de 38 personas que fallecieron, 23 lo hicieron en circunstancias violentas (homicidios, suicidios, circunstancias dudosas).

Es importante tomar en cuenta que los centros en dónde se registran la mayor cantidad de estas muertes, son aquellos llamados mega-cárceles. Es decir, el COMCAR y el Penal de Libertad. El diagnóstico sobre este tipo de establecimiento se encuentra bastante acabado, así como las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en la materia (además de pactos, tratados y normativa a la que nuestro país está suscripto), que advierten que estos lugares son completamente inadecuados para una política penitenciaria respetuosa de los Derechos Humanos (DDHH). Cuanto menos sea la población y la magnitud de las cárceles, existen mayores garantías para disminuir las situaciones de violencia y los niveles de vulneraciones completamente inaceptables.

El COMCAR contiene casi una tercera parte de la población recluida. Allí también sucedieron la mayor cantidad de muertes por enfermedad, la asistencia médica también se vuelve deficiente en esas condiciones. La desnutrición también estuvo presente este año en el módulo 8, dónde se identificaron siete reclusos que manifestaban ese cuadro de salud. Frente a esta situación, el Comisionado, respaldándose en una herramienta del derecho internacional - Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos(Reglas Nelson Mandela)- presentó un recurso de amparo ante la justicia con el objetivo de que la institucionalidad respondiera y diera seguimiento ante la gravedad del asunto.

La justicia dio lugar al recurso presentado y efectivamente condenó al Ministerio del Interior a “elaborar un programa de tratamiento individual” 3 para estas personas privadas de libertad.   

La respuesta pública ministerial fue la de minimizar la situación e insistir en que los reclusos padecían “adelgazamiento” y que podrían haber “contraído el diafragma” para agudizar la situación 4. En esta línea argumentativa, las autoridades decidieron apelar el fallo de la justicia aduciendo que ya venían trabajando para mejorar la situación y que no eran del todo claros los informes ni las pruebas.

Pese a los esfuerzos por deslegitimar la voz y testimonio de los mismos implicados y de instituciones cuya función es la de visibilizar y denunciar las flagrantes violaciones a los DDHH dentro del sistema penitenciario, el Tribunal de Apelaciones decidió ratificar la condena 5

Retomando y centrándonos en la réplica del Ministerio del Interior, lejos de ser criteriosa, reafirma el grado de soberbia y hermetismo que se ha mantenido durante la gestión, particularmente desde el 2010 a esta parte. Si bien se han avanzado en algunas aristas de la ejecución penal, nos encontramos muy por fuera de los estándares deseables y, en algunas circunstancias, de los estándares mínimos. Inclusive, durante este período (2010-2017) hemos asistido a la aprobación de leyes totalmente regresivas en materia de política criminal y DDHH, propuestas por esta misma cartera (eliminación de libertad provisional, condicional y anticipada para los reincidentes, aumento de penas, entre otras).

Creo que no es necesario aclarar que la negación de los crímenes que perpetúa el Estado nos ha conducido a situaciones muy oscuras, a las cuáles ya dijimos Nunca más tolerar. Es arriesgado perder la mirada crítica y vigilante sobre la cultura y prácticas institucionales, la revisión y la discusión sobre las mismas debe ser permanente, más tomando en cuenta el manto de impunidad por el que solemos estar cubiertos 6.

Es esperable además, que deseemos otra construcción de sensibilidades y subjetividades cuando la gestión es en el marco de gobiernos progresistas o de izquierda, porque las banderas fundantes e históricas nos lo conceden. De todas formas, la reflexión trasciende al sistema político e interpela a la anatomía del orden social que decidimos construir.  

La muerte es la situación más extrema dentro del confinamiento pero los tratos degradantes son una constante en un sistema que alberga a más de 11000 personas en nuestro país. Las condiciones materiales, arquitectónicas y estructurales continúan siendo precarias al igual que la discusión y puesta en práctica de una política en materia de ejecución penal. Tenemos claro que al excedente social elegimos encerrarlo, retirarlo de la vida social y de la comunidad, pero sin saber que vamos a hacer exactamente con estas personas, a las que preferimos deshumanizar porque de otra forma se vuelve incómodo ser responsables de infringir tan desmesurada cantidad de dolor: “El que no tiene humanidad no es persona. (..) No sufre, no padece. Una parte de la sociedad cree que se salva así misma entregando la vida, la libertad y los derechos de otra parte de la sociedad, formada por los que percibe como ajenos, como otros. No ve –porque no puede o porque no quiere, enceguecida por el discurso que le machacan día y noche- que la tragedia de esos otros la va alcanzar también a ella, más temprano que tarde” 7.

El diagnóstico sobre el estado del sistema carcelario, su función y la ausencia de una política en términos de ejecución penal podemos decir que se encuentra bastante desarrollado, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo. Existe un vasto  acumulado sobre esta temática y la producción sobre la misma continúa. Mathiesen ha escrito algunos argumentos sobre las consecuencias y lo poco fructífero que es seguir construyendo cárceles sintetizando; “Las prisiones no rehabilitan, no cumplen una función de prevención general, tampoco funcionan como incapacitación y no sirven para cumplir con un ideal de justicia. Una vez construidas son irreversibles, además son insaciables, inhumanas, contradicen los valores básicos y no ayudan a las víctimas. Finalmente, existen otras formas de resolver el problema de la masificación” 8.  

Aun cuando se han esgrimido las diferentes razones de la nocividad de seguir construyendo cárceles y en particular mega-centros, está previsto inaugurar en nuestro país un complejo para albergar a 1960 personas en una nueva modalidad de asociación público-privada, la tasa de prisionización crece año a año y, aunque intentemos permanecer indiferentes, mueren y padecen sufrimiento miles dentro y fuera del sistema (familias, afectos, entornos).

La discusión sobre la cantidad y las formas de administrar el dolor -distinguiendo y haciéndonos cargo de aquellos que suelen ser infértiles, estériles, es decir, aquellos que son un fin en sí mismo, improductivos 9 - debe elaborarse y desarrollarse de forma urgente, porque hace a la definición de las relaciones sociales que pretendemos construir.
La decisión del rumbo a emprender en materia de conflictividad inherente al orden social establecido, como todo en esta vida, es política y no podemos seguir postergándola. 

 


* Mariana Mosteiro es Licenciada en Sociología. Integrante de SERPAJ

 

 

[1] http://www.elobservador.com.uy/cifra-record-homicidios-carceles-uruguayas-2016-n1002684

[2] “Informe especial sobre muertes en custodia en 2016”, Comisionado Parlamentario

[3] http://radiouruguay.uy/condenan-al-ministerio-del-interior-presos-con-desnutricion/

[4] http://www.elobservador.com.uy/ministerio-del-interior-acusa-presos-esconder-la-panza-exagerar-malnutricion-n1099260

[5] http://www.montevideo.com.uy/Noticias/El-TAC-confirmo-fallo-que-insta-al-MI-a-atender-a-presos-desnutridos-uc350806

[6] Cohen, Stanley (2005). Estados de Negación. Ensayos sobre atrocidades y sufrimiento. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de La Facultad de Derecho/ UBA

[7]  Cesaroni, Claudia (2010) La vida como castigo. Los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en Argentina. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma

[8] Mathiesen, Thomas (2004)  Diez razones  para no construir más cárceles. Paper presentado el 25 de junio de 2004 en las Jornadas “Prison 2004” celebradas en la City University de Londres. Traducción del inglés de Gabriel Ignacio Anitua y Marta Monclús Masó

[9] Nils Christie (1984), Los límites del dolor. México: Fondo de Cultura Económica.

 

 

 


 

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