Pensar desde el agua

Carlos Santos
En los últimos días en Uruguay se ha avanzado en la aprobación y discusión de nuevos marcos legales para el uso de los recursos hídricos: el Poder Ejecutivo promulgó el Plan Nacional de Aguas al tiempo que el Parlamento dio media sanción a una serie de modificaciones en la Ley de Riego. Zur aprovechó este pretexto para dialogar con integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida acerca de las implicaciones de estas normativas en las luchas sociales por el agua.

En el año 2002, en medio de una de las crisis económicas y sociales más graves del país, el estado uruguayo firmó una Carta Intención con el Fondo Monetario Internacional en la que comprometía la privatización de servicios públicos, entre ellos el de agua potable y el saneamiento.

Eso generó un proceso organizativo que confluyó en la creación de una Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) donde confluyeron organizaciones sociales de todo el país, incluyendo al sindicato de la empresa estatal de aguas, grupos de vecinos afectados por la privatización, así como organizaciones ambientalistas o de corte territorial.

La CNDAV recolectó firmas para plebiscitar una reforma constitucional que incluyera el derecho humano al agua y al saneamiento y la obligatoriedad de su gestión pública en la carta magna del país. Este plebiscito fue acompañado por el 64% de la ciudadanía el 31 de octubre de 2004, en el mismo acto eleccionario en que el Frente Amplio llegaba al gobierno.

Desde ese momento la CNDAV ha continuado su trabajo de seguimiento en el cumplimiento del derecho humano al agua en el país.

¿A casi trece años del plebiscito de 2004, cuáles son los principales desafíos que tiene hoy la lucha por el agua como un bien común en Uruguay?

Nicolás Ferreira: Tenemos desafíos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico científico y el más importante que es el desafío de las condiciones subjetivas. Tenemos una ingeniería jurídica que no puede parar el avance del capital en contra de los derechos, en este caso el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en iniciativas como la promoción de las plantas de celulosa, el agronegocio, las modificaciones a la ley de riego, con la afectación de los subsidios cruzados de OSE (1).

Tanto la CNDAV como el sindicato siempre hemos sido muy claros: en la división de suelos no existe una categoría de “suelos para cosecha de agua”. Aquí los territorios están gestionados para la ganancia del capital, para las commodities. El estado no gestiona los territorios. Divide arbitrariamente pero no gestiona, no existe una gestión de cuencas. Basta un ejemplo: OSE no está dividida en su organización interna por cuencas. No hay una concepción del territorio a nivel de cuencas. Tenemos una mentalidad urbana, la gran mayoría vivimos en urbes -más pequeñas o más grandes- y esa es la lógica que nos gobierna. Cuando pensamos en el agua nos cuenta pensarla más allá de las tuberías, más allá de las canillas, más allá de la ciudad. La mayoría de la gente le echa la culpa a OSE porque es la encargada de brindar agua potable y saneamiento. Y la sociedad tiene razón: confía y reclama ante el organismo responsable.

Pero la respuesta del pensamiento es mucho más compleja a la hora de entender como son los procesos de producción de agua en los territorios. Para nosotros es importante que existan áreas exclusivas para la producción del agua, que el agua se gestione por cuencas, y que haya un ordenamiento territorial, de la producción, que no dependa exclusivamente de la ganancia ni de la distancia del puerto, sino que dependa de la cuenca y de la capacidad que tenga para producir determinados alimentos, con determinada carga y de eso estamos muy lejos como sociedad, muy lejos como movimientos sociales, como sindicato y mucho más lejos como estado.

Nos preocupa mucho, pero nosotros entendemos que el primer camino es empezar a pensar desde el agua.

Estos elementos que introducís son novedosos: áreas de exclusión para la producción del agua, ordenamiento territorial, pero lo que planteás de la gestión por cuencas hidrográficas, hace 13 años que se aprobó una reforma constitucional que dice exactamente eso. ¿Por qué sigue siendo un problema eso entonces?

Nicolás Ferreira: Sería interesante que el estado responda eso. El artículo 47 de la Constitución es muy claro. La Ley Nacional de Aguas de 2009 también. Pero OSE no cambió su ordenamiento interno, sigue teniendo 19 reparticiones departamentales. Pero además de eso hay 7 ministerios interviniendo en cuestiones relativas al agua, más las intendencias departamentales, más la URSEA [Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua] entonces ¿cómo pensamos al estado? Porque lo que dice el artículo 47 de la Constitución es que el ordenamiento territorial debe ser otro. Tenemos que empezar a pensar al revés, en un ordenamiento territorial basado en el agua, tenemos que pensar desde el agua y desde allí ordenar todo lo demás. Eso conlleva a pensar por cuencas. Es complejo porque aún nos cuesta entenderlo. Si nos dicen “arriba” pensamos bidimensionalmente en el norte y no en que se trata del sitio más alto de una cuenca. Pero parece que eso no importara. Lo único que preocupa es que los análisis que se hacen al agua potabilizada estén dentro de los estándares y nada más.

Carlos Sosa: En cuanto a los desafíos, hay que analizarlo desde el gobierno y desde el estado. La otra vez alguien mencionó que algunos espacios del estado quedan vacíos y no se asume la responsabilidad de llevar adelante la gestión que corresponde. Eso hay que leerlo a la luz de una puja de intereses: los intereses de ciertos sectores del país que son más proclives a beneficiarse con un manejo político y territorial antes que con un manejo integral por cuencas. Está el caso de Laguna del Cisne, por ejemplo [en el departamento de Canelones] donde se registró una importante contaminación del agua a partir del uso agrícola de la zona, principalmente el cultivo de soja transgénica. Ahí perdimos calidad de agua y para haberlo evitado se debería haber tomado una decisión que iba a implicar perder plata (por ejemplo, prohibiendo cultivos en determinada área de la zona). Entonces, pensar desde el agua, desde el territorio, implica también romper con un paradigma que existe -de gobierno, de estado, de política, de defensa de intereses que no son los populares-. Acá lo que ha predominado es la defensa de la tasa de ganancia, y todo lo que vaya en su detrimento no existe, no es considerado en la ecuación y queda afuera. Hoy cambiar la cabeza para tener una visión desde el agua no se corresponde con la realidad de esos intereses. Por lo tanto el fracking, las plantas de celulosa, el monocultivo forestal, el monocultivo de soja no entran dentro de un marco que busque pensar el agua como un bien común.

Nancy Espasandín: El desafío más grande de la población es la movilización. No hay ninguna posibilidad de frenar estos procesos de devastación de nuestros suelos y de nuestras aguas, estos procesos de saqueo, si no es a través de la movilización de los pobladores, de la gente propia de los lugares.

Por ejemplo, las Comisiones de Cuenca se han instalado en aquellos lugares donde emergieron graves problemas sanitarios vinculados con la contaminación, desde la Cuenca del Río Santa Lucía -en respuesta a los problemas en el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana en 2013-, la Comisión de Laguna del Sauce por los problemas en el sistema de Maldonado,  y la Laguna del Cisne en el Departamento de Canelones. En este caso, si bien no se logró nuestro objetivo -que era expropiar terrenos en el entorno de la Laguna para que se priorizara la función ecosistémica de producción y depuración del agua- si se comenzó a aplicar un plan de cambio de los actividades productivas -se cambió el destino de 400 hectáreas que estaban plantadas con soja- y en pocos meses se ha podido observar una mejora de las condiciones ambientales de la Laguna. ¿Por qué no es posible generalizar este tipo de propuestas? ¿No sé podría instrumentar algo así en toda la cuenca del Río Santa Lucía o a todas las cuencas críticas del país?  Evidentemente porque habría que afectar intereses muy grandes. Hay actores que por su poder económico y político logran que sus intereses se mantengan intactos o que se les transfieran recursos directos cuando éstos son afectados (mediante juicios, etcétera).

En la lógica de tener una mirada restrospectiva desde el 31 de octubre de 2004, fecha en la que se aprobó el plebiscito del agua -que consagró en la Constitución el Derecho Humano al agua y al saneamiento y su gestión en manos públicas- ¿cómo evalúan ustedes estos espacios de participación que preveía la reforma constitucional, como las comisiones de cuenca? La pregunta es, ¿hasta dónde no han legitimado o facilitado la participación de actores privados -empresariales- en pie de igualdad con las organizaciones sociales y el estado para definir pautas de gestión del agua?

Carmen Sosa: Si, es algo diría casi que natural en estos procesos, en los que tratamos de meter en un sistema capitalista tan agresivo como este un cambio social tan revolucionario como pretendía la reforma constitucional. Nosotros siempre decimos que militamos por el agua, pero no específicamente por el agua sino porque queremos cambiar este modelo de sociedad y el agua es una de las tantas formas de alcanzar ese objetivo mayor. Tenemos claro que dentro de este modelo capitalista no existen los parches, tenemos que promover cambios totales. En el propio 2003 ya teníamos elementos para saber cómo iba a ser el proceso de implementación de la Reforma Constitucional. ¿En que momento de la campaña de recolección de firmas se consiguió la firma de Tabaré Vázquez? El día antes de entregar las firmas en el parlamento, cuando ya era el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ya sabía que si llegaba a la presidencia iba a ir en contra del plebiscito. El modelo, su orientación general ya estaba definida. Ya se sabía que ir de lleno con el cumplimiento de la reforma constitucional iba a traer problemas. Ya se había definido la continuidad de las empresas multinacionales, la compra de las acciones a las privatizadoras y no su expropiación.

Con respecto a las comisiones de cuenca, creo que en algunos lugares se han dado procesos que han sido de utilidad para los vecinos. Las movilizaciones se orientaron a reclamar la instalación de las comisiones, porque eran mecanismos que existían en la constitución y en la ley. Formalmente, cuando se reclamó la instalación de una comisión de cuenca, nadie les pido decir que se trataba de un disparate.

Por otro lado y apuntando a la autocrítica, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que sean herramientas que sirvan a los intereses populares.

Carlos Sosa: Nosotros muchas veces hemos discutido el tema de la institucionalidad, del peligro que lo institucional capture lo social. A la herramienta de las comisiones de cuenca le veo más virtudes que defectos. Todas las demás formas de participación previstas en lo público ni siquiera son profundamente democráticas. En estos casos se trata de organizaciones profundamente abiertas donde los vecinos que quieren participar van y participan.

Nancy Espasandín: Habría que decir que el peligro de la institucionalidad tiene que ver con la cooptación: en la medida en que vos no alientes la participación y los vecinos se cansen de que no se apliquen las medidas que reclaman esa participación va a disminuir. Otras veces la gente siente que alcanzó un objetivo y desiste de participar, porque muchas veces no es sencillo acompañar procesos donde la mayoría de quienes están representados en esos espacios son autoridades. Por cada diez autoridades hablan dos vecinos y eso no promueve ni facilita la participación de la población directamente involucrada. Sólo con la movilización y la organización esas comisiones de cuenca pueden cumplir un rol.

Carlos Sosa: Pero por otro lado hay que tener en cuenta que en esas comisiones se discuten cosas que no se discuten en ningún otro lado. En la comisión de cuenca de Santa Lucía, por ejemplo, se dio la situación de que se le reclamaba a algunos tamberos de la zona que estaban contaminando un bien de uso común, por la propiedad privada, el derecho del individuo como productor a usar los recursos como le parezca está absolutamente naturalizado. Esa discusión, la visualización de que hay cuestiones que son de la comunidad, de todos, sólo sucede en esos espacios: la discusión sobre la imposibilidad de vulnerar un derecho de todos por un interés particular.

Nancy Espasandín: Hay algo que tenemos que pensar en relación a esto. Si tu vas a una comisión de cuenca, la mayor parte de las personas que están allí están trabajando, o sea son miembros del estado. Por lo tanto reciben dinero por estar allí. Por eso las reuniones son -en su mayoría- en horarios de oficina en días de semana. Por eso, uno de nuestros primeros planteos en  el caso de la comisión de Laguna del Cisne fue que las reuniones fueran después de las seis de la tarde porque sino los vecinos no podían participar. Hay otra cosa que es interesante: se hacen comisiones de trabajo, por ejemplo una de monitoreo, la cual le interesa a muchos vecinos. Pero ¿como hace una persona para sostener una participación en una sub-comisión así? Hay que tener movilidad propia hasta la laguna, hay que tener tiempo. Se definió la figura de un guardaparque pero ni siquiera se le asignó un vehículo, se mueve con su moto personal, por toda el área. Eso es contradictorio. Está lejos de ser una panacea, es apenas una herramienta que se puede usar cuando existen procesos de autoorganización.

Nicolás Ferreira: Si realmente fuera importante para el estado la participación para la gestión del agua por cuencas, el día de la comisión de cuenca tendría que ser algo así como un feriado pago, donde la gente pudiera participar masivamente sin pensar en el costo de dejar otras actividades. Una suerte de cabildo abierto. Y no lo es.  O sea, se nos dice “todos podemos participar”, pero ordenadamente, de esta forma, en este horario…Pero hay otro tema que tiene que ver con cómo las organizaciones sociales, los sindicatos, entendemos las comisiones de cuenca. Hay muchas personas y colectivos que entienden estos espacios como una herramienta para una transformación mayor. Pero hay otras que ven estos espacios como un fin en sí mismos, entonces cuando logran su cometido se retraen. Lo que planteaba la reforma constitucional era la participación en la planificación, la gestión y control de los recursos hídricos. No hay participación, no hay planificación, gestión ni control.
 
¿Y como puede leerse en este contexto la reciente promulgación del Plan Nacional de Aguas?

Nicolás Ferreira: El  Plan Nacional de Aguas justifica la actual matriz productiva, el saqueo de los recursos y la reprimarización de la economía. Lo que hace es decir “sabemos que existe todo esto, lo ordenamos y lo presentamos”. Estuvieron seis años para implementar un Plan Nacional de Aguas y en seis meses lo sacaron sin que se procesara ninguna discusión masiva del Plan. Por ejemplo, nosotros como sindicato propusimos la creación de un Ministerio de Hidrología (que se podría llamar ministerio de cuencas o ministerio del agua) donde todas las competencias jurídicas del agua, los suelos y el territorio confluyeran allí, donde la gestión sea por cuencas y la OSE esté incluida.

Lo que refleja la calidad del agua hoy en día es el nivel de organización y conciencia colectiva que tenemos como sociedad. El estado que tiene el agua es el estado que tiene la sociedad uruguaya, refleja nuestro estado de conciencia.

Carmen Sosa: Las comisiones de cuenca han servido mucho para una gran cantidad de organizaciones que han comenzado a nuclearse en torno a estos temas.  Pero también nos ha servido desde la Comisión Nacional para tomar contacto con procesos locales. En ese sentido estamos mucho mejor que hace cinco años. Cuando comenzaron a verse los problemas concretos del agua la gente se empezó a organizar, a interiorizarse y a llamarnos para integrarse a las comisiones de cuenca. La gente está viendo los problemas que nosotros veníamos anunciando, sirvió como herramienta para aglutinar procesos sociales. Y sirvió también para transparentar cómo los gobiernos progresistas no han cumplido con el mandato popular que está detrás de la aprobación de la reforma constitucional de 2004. No es menor, se desconoce sistemáticamente una reforma constitucional que salió de la gente.

Nicolás Ferreira: Y un detalle de implantación. Hoy las comisiones están llenas de funcionarios de instituciones públicas y privadas que van a cobrar su sueldo. Y las comisiones están a favor de proyectos institucionales. Si el estado realmente quisiera promover la participación los técnicos estarían al servicio de la sociedad organizada. Y aquí es al revés, la sociedad organizada está en servicio de lo que definan las instituciones.

Carlos Sosa: O por lo menos que existan las condiciones para generar el diálogo necesario entre los técnicos y el pueblo, pero el problema es que ese diálogo tampoco existe. 

Nancy Espasandín: Y cuando existe lo usan mal. Por ejemplo, algunos sectores del gobierno nos invitaron a discutir sobre la ley de riego y el Plan Nacional de Aguas. Les dimos todos nuestros argumentos acerca de la manera en que están relacionadas ambas políticas, de los impactos que alguna de estas políticas iba a generar y no se tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que planteamos.

¿Cómo ven ustedes entonces el vínculo entre el Plan Nacional de Aguas y la Ley de Riego? ¿Son medidas de política que van en sentido opuesto o son complementarias?

Nicolás Ferreira: Hay una ingeniería jurídica que está a favor del saqueo. Se quiere justificar que se tienen en cuenta cuestiones ambientales, cuestiones de derechos, de participación y eso es lo que se recoge en el Plan Nacional de Aguas. Pero lo que hay en la realidad es zonas francas, tratados de inversión, el decreto antipiquetes y la Ley de Riego. El Plan Nacional de Aguas no dice nada y justifica todo. La Ley de Riego potencia el modelo actual y lo que va a generar es más exclusión social, más contaminación, mayor acaparamiento de tierras y acaparamiento de aguas. Es la vuelta de tuerca del modelo, un cierre a favor del capital. Toda esta normativa del agua no está pensada desde la lógica del agua, está pensada desde una lógica de mega acaparamiento.

Carmen Sosa: El Plan Nacional de Aguas está construido sobre la base de que la situación actual del territorio está bien. No hace ninguna mención a los problemas que tenemos de contaminación. Todo lo que se propone hacer es como si partiéramos de cero. Y lo otro que observamos -por nuestro conocimiento de la realidad latinoamericana y por los contactos con organizaciones de países hermanos- es que este Plan Nacional de Aguas es muy similar al de Chile.

Carlos Sosa: También nosotros tenemos un problema que se nos presenta cuando alguien nos pregunta si el agua es o no es potable. Nosotros siempre aclaramos que no es un problema que se pueda resolver tecnológicamente.

Carmen Sosa: OSE tiene la clara responsabilidad de potabilizar el agua, eso está clarísimo. Es más, en su carta orgánica tiene la responsabilidad de cuidar las fuentes de agua. Pero OSE va a las comisiones de cuenca como un usuario más.  Pero la discusión no puede estar enfocada en si el agua es potable o no. La discusión debe ir al problema real. Aunque OSE asegure la potabilidad del agua, el problema lo seguimos teniendo igual: la degradación de los territorios que producen el agua. OSE resuelve tecnológicamente una parte del problema, pero la matriz de su origen sigue sin modificarse. No es un problema técnico, es un problema político, de cómo se usa la fuente de agua si con prioridad al uso humano o con prioridad al enriquecimiento de agronegocio o la industria. Hoy la potabilidad se puede resolver, pero si seguimos deteriorando la fuente de producción del agua no sabemos que podrá pasar en un futuro cercano.

Además de quién se hace cargo de pagar esa tecnología de potabilización…

Nancy Espasandín: Lo paga el estado con recursos de toda la sociedad y ahora tenemos la nueva “tasa ambiental” introducida por el ministerio de Economía en la factura del agua potable (2). Contaminan  unos pocos y el costo de esa contaminación lo pagamos todos.

En la entrevista:

Nicolás Ferreira, Carlos Sosa y Carmen Sosa son integrantes de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). Nancy Espasandín es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.

Notas:
(1) La política de subsidios cruzados de OSE le permite al ente subsidiar las zonas deficitarias en términos de recaudación con los beneficios que se pueden lograr en las zonas superavitarias (que en términos de circunscripciones departamentales en Uruguay se corresponden con los departamentos más poblados: Montevideo, Canelones y Maldonado). La afectación a la que refiere Ferreira tiene que ver con la manera en que se saldó la re-estatización de los servicios públicos del departamento de Maldonado, que habían sido privatizados en el año 1998. En 2005 luego de la aprobación del plebiscito que incluyó el derecho humano al agua en la constitución y consagró su gestión estatal, el gobierno del Frente Amplio (en el año 2005) creó una Unidad de Gestión Descentralizada entre OSE y la Intendencia de Maldonado que re-estatizó los servicios pero sin que volvieran a ser parte de la gestión de OSE, sino que se han mantenido bajo esta forma pública mixta entre gobierno nacional y departamental, quitando la posibilidad de sostener los subsidios cruzados con los recursos generados en una de las tres zonas superavitarias del país.

(2) Se refiere a una tasa que se agregó a la tarifa del agua potable con el objetivo de cubrir los costos de la potabilización. Es un impuesto a la contaminación que pagan quienes son afectados directamente por esa contaminación.