A todas luces, un recorte

Comuna / Foto: Rebelarte
"Si miramos puntualmente las últimas medidas, la sensación que queda es de un ajuste tradicional con matices. Si lo miramos desde un punto de vista sistémico, el ajuste es un golpe contra la clase trabajadora". En entrevista con Zur, cooperativa Comuna analiza las medidas recientemente anunciadas por el equipo económico del gobierno.

- La idea de postergación de gasto es una elegante forma de no decir recorte, ¿qué significa? ¿se acumulan para 2018 los recursos 2017 o se pierden?

- Le han llamado de diversas formas, incluso “diferimiento de inversiones”. A todas luces, es un recorte. Si el presupuesto fuera a cinco años se podría constatar que lo que se “quita” en 2017 se le otorga al 2018, pero dado que el actual presupuesto es a dos años esto no puede verificarse. ¿Darán además un adicional para 2018? ¿Cómo sabemos que no es menor al que “hubiera sido”? Imposible. Incluso, asumiendo que en el 2018 iban a dar un “X” adicional y ahora darán “X + lo diferido en 2017”, también puede hablarse de recorte, ya que el monto que se difiere, perderá poder de compra al otro año, ya que los rubros que no son salario no se ajustan de ninguna manera. De cualquier modo, un presupuesto a cinco años tampoco es garantía de que no operen recortes ya que la rendición de cuentas habilita modificaciones -y recortes- al presupuesto original.

Esta era una opción desde el primer momento al planificar este presupuesto a dos años. El grado de flexibilidad que tiene el Poder Ejecutivo para reducir o ampliar el gasto es mayor. Además políticamente puede favorecer para el año que viene, por ejemplo: dar en 2018 lo que recortaron para 2017, y con eso anunciarlo como una apuesta a las políticas sociales, la educación, etc.

- ¿Cuáles son las áreas en las que se posterga gasto y qué importancia tiene dicha postergación? ¿Afecta a salud, educación y vivienda?

- Una cuestión básica a aclarar es que los montos base de los rubros no se recortan, salvo para la Caja Militar, que hay prevista una modificación que recorta mínimamente los gastos. Pero sobre los “incrementales” de gasto, casi el 80% del recorte son en las áreas de educación y salud. Por lejos, la más afectada es la Universidad de la República (UdelaR), ya que se le reducen todos los incrementos -incluido el incremento salarial previsto-. En el caso de la ANEP, se mantiene el Convenio Salarial firmado.

Esto es como una especie de castigo a la autonomía, en la ley de presupuesto estaba pautado cuánto del incremento de la UdelaR se destinaría a aumentos salariales. Al quitarse este incremental ‘desaparece’ también el aumento de salarios. Hay que tener en cuenta que la UdelaR viene con un déficit muy grande en términos presupuestales. En particular, los salarios docentes de grados bajos (G°1 y G°2) son muy inferiores en términos relativos al resto de la educación, este panorama sólo aumenta esta brecha.

Entre las múltiples implicancias que tiene, es que por primera vez en la “era progresista” la prioridad macroeconómica del gasto en educación medido en ANEP-Udelar desciende. Si uno repasa los ajustes que se han dado a lo largo de nuestra história, echar mano al presupuesto en educación es algo típico en nuestra economía, y ésta es la primera vez que el progresismo atraviesa una coyuntura económica mala.

De todas formas, cabe aclarar que el grueso del ajuste -un 73%- es aumento de ingresos del Estado y no reducción del gasto. Acá hay un matiz con otros ajustes del pasado. Si bien el aumento de ingresos recae mayoritariamente sobre los cambios del impuesto al salario -IRPF categoría II-, estos hacen más progresiva la estructura del impuesto, por tanto, hace más justa la distribución a la interna de los asalariados. En el pasado, por ejemplo luego de la crisis del 2002, se aumentaron los impuestos al consumo y se aumentó el impuesto al salario -IRP-, haciendo al impuesto más regresivo de lo que era, y se exoneraron muchos impuestos al capital. En este ajuste, hay un aumento de la recaudación de los impuestos que gravan al capital, aunque marginal.

- Vistas todas las cartas del ajuste, ¿qué balance puede realizarse del mismo? ¿Son posibles otras medidas?, ¿las tomadas por el ejecutivo qué impacto tendrán en el corto plazo?

- Para ser concretos es un ajuste convencional en una economía capitalista. El capital avanza directamente contra el trabajo, aumentando el desempleo, disminuyendo la ocupación y los salarios en términos reales. De hecho, es esta la pata más fuerte del ajuste y se visualiza con claridad en las actuales pautas salariales de la 6ª Ronda de Consejos de Salario. Además, se avanza “indirectamente” aumentando impuestos y recortando gastos, que recaen principalmente sobre los sectores populares.

No obstante, si se compara con el ajuste realizado en la crisis de principios de los dos mil, tiene algunas sutilezas: carga más a los asalariados con más recursos, grava un poco más al capital (aunque no mucho) y modifica en algo los enormes privilegios de la Caja Militar. Digamos que es una ajuste convencional con “matices”.

El impacto más importante a corto plazo es que tendrá lugar (incorporando dentro del ajuste las pautas salariales) una desvalorización de la fuerza de trabajo, un deterioro de las condiciones de vida de las familias trabajadoras y no se logrará mejorar algunos servicios deficitarios, como por ejemplo, el acceso y la calidad de la educación.

Si se podría hacer de otra manera es una pregunta de fondo, parece que los ajustes siempre son la salvación, lo único que se puede hacer. El tema que la forma cómo se aplican los ajustes son funcionales a la reproducción de la dinámica del capital. En una economía dependiente como la nuestra, la reproducción del capital viene pautada de afuera, son variables que no manejamos, de qué manera romper esto y cómo pensar los ajustes en la dirección de romperlo, es algo que nunca está planteado.

Para evitar que el ajuste siga “pegando abajo” es necesario replantearse al menos tres cosas. En primer lugar, la posibilidad de aumentar los ingresos públicos vía aumento de impuestos al capital y reducción de gastos modificándose las excesivas erogaciones al aparato militar o policial. En segundo lugar, pensar que las necesidades del capital financiero y los intereses de deuda, no pueden ser más importantes que las necesidades populares más básicas. Por último, los ajustes serán siempre más o menos necesarios, más o menos virulentos, salvo que pongamos en el horizonte transformaciones más profundas.

En tanto y en cuanto no se plantee una posibilidad real de superación de este modelo, creemos que hay poco margen para hacer un ajuste de otra manera. Tal vez las variables que de ello dependen están más en la esfera política como el poder de facto que aún tiene el aparato militar para imponer sus intereses por sobre el resto de la sociedad. De otra forma, sin cuestionar las bases de este modelo, el gobierno actúa en profundizarlo, no puede gravar más al capital o a la inversión extranjera (ni ponerse muy selectivo por el destino de ésta) y cede al capital los negocios rentables del Estado -vía PPP o privatizando parte de las empresas públicas-. Porque en un contexto de contracción económica y pérdida de puestos de trabajos, “precisa” de estas para poder contener este bajón. Por eso, si miramos puntualmente las últimas medidas, la sensación que queda es de un ajuste tradicional con matices. Si lo miramos desde un punto de vista sistémico, el ajuste es un golpe contra la clase trabajadora, y tal vez, todavía no termine de concretarse y tan sólo estemos viendo los primeros pasos del mismo.

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