Un futuro que mira al pasado

Carlos Santos / Foto rebelarte.info
La proyección de futuro que promueve el progresismo uruguayo parece sacada de una película de ciencia ficción que nos ubica a fines del siglo XIX. Los consensos sobre esta idea de desarrollo no parecen tan firmes como lo eran al inicio del ciclo progresista.

‘El tiempo a mi parecer
va de remiendo en remiendo,
es un hilo que corriendo
quiere arrimarse al futuro
donde esperando en un muro
el pasado está riendo’

Fernando Cabrera, Décimas de prueba


La fe ciega en el conocimiento técnico, la celebración de tener yacimientos de petróleo, la privatización del riego y la apuesta a un tipo de industrias que exportan bienes primarios sin valor agregado son algunos de los elementos principales de esta oda al progreso que caracteriza la exposición pública del progresismo uruguayo.

El pasado viernes 20 de octubre, cuando miles de personas marchaban por Montevideo en Defensa de los Bienes Naturales, el Agua y la Tierra convocados por la Asamblea Nacional Permanente el gobierno uruguayo difundía un comunicado en el que anunciaba la confirmación de la existencia de hidrocarburos en el departamento de Paysandú.

Pocas horas después, la empresa transnacional norteamericana responsable del hallazgo emitía un comunicado en el que calificaba de “modesto” al evento que arrojaba el inminente ‘ascenso’ de Uruguay a la categoría de país dependiente pero con el recurso natural más codiciado por el capital financiero.

Las cosas tampoco le han salido de acuerdo a lo esperado al gobierno en relación a la otra gran iniciativa de “desarrollo”: la instalación de una tercera mega planta de celulosa en el Río Negro (centro del país). Días atrás el propio presidente Tabaré Vázquez anunciaba que el Acuerdo de Inversión entre el Estado y la transnacional de origen finalndés UPM estaba prácticamente resuelto (acordado en un “99,9%”). En las últimas horas se conoció un comunicado oficial de la empresa donde se sostiene que la posibilidad de construir una nueva planta de celulosa en Uruguay es un proyecto que se estudiará recién en 2019 si se cumplen algunas demandas que la empresa realiza en términos de infraestructura par sacar su producto del país (vías férreas, carreteras, puertos).

Es que la instalación de estos megaemprendimientos industriales coloca al país en una situación de debilidad frente al poder de empresas que multiplican el producto total del país que es comparable con la situación económica en los primeros años de vida independiente. En ese sentido, la industria de la celulosa ocupa el lugar que a fines del siglo XIX ocupaban los saladeros y la industria del tasajo: o sea, grandes emprendimientos productivos de escala global que comercializan materia prima con muy poco valor agregado y generando escasa mano de obra local.

Esto sin considerar los efectos que estos procesos productivos tienen sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha sostenido que la situación actual del país en términos de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra sólo es comparable a la que existió en los tiempos de la colonia.

En la reciente marcha de la ANP, la proclama final consignaba la posición del colectivo sobre este proceso: “Se persiste en la profundización de este modelo saqueador y reprimarizador de la economía, planteando como una contradicción fundamental entre medio ambiente y trabajo, como si tal modelo no fuese justamente expulsor de la población trabajadora de los campos, y favorecedor de la concentración de la tierra como muestran los últimos censos agropecuarios con la pérdida de 12000 pequeños y medianos establecimientos productivos, en favor de actividades agrarias como los monocultivos sojeros y eucalipteros, las que menos empleo por hectárea generan. Así, las pasteras instaladas se consagran hoy como los mayores latifundistas del país, superando las 200.000 hás. cada una. En realidad, la verdadera importancia estratégica que el gobierno y el sistema político les adjudican, radica en los valores macroeconómicos que inflan a nivel nacional el PBI y las exportaciones, que se exhiben falsamente como símbolo de un bienestar del pueblo en general, ocultando su carácter de enclaves y las externalidades que socializan pérdidas y privatizan ganancias, para gloria del capitalista y padecimiento del trabajador y del pueblo”.

La reciente discusión parlamentaria sobre la Ley de Riego aportó más elementos de esta visión progresista de la explotación de la tierra y el agua, así como dejó en evidencia el lugar que la narrativa dominante le asigna a las políticas ambientales.

Riégame, contamíname

Las modificaciones a la Ley de Riego propuestas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fueron aprobadas en el parlamento, por unanimidad en el Senado, y con sólo dos votos en contra en Diputados. Recoge así amplios consensos del sistema político uruguayo acerca de las vías para promover la llamada “intensificación sostenible” (término en el que el ministro y empresario arrocero Tabaré Agarre enmarca su propuesta productiva).

En el debate parlamentario sobre las modificaciones Ley de Riego se expuso la visión dominante dentro de la izquierda uruguaya con respecto a la cuestión ambiental.

En un discurso modernizante, los elementos ambientales del debate sirvieron para dejar en claro que la Ley de Riego tendrá impactos pero los mismos serán minimizados por una institucionalidad ambiental (fiscalizadora) que mantendrá a raya las eventuales tentaciones depredadoras del capital.

Esto es altamente contradictorio con el espíritu de una ley que tiene el respaldo explícito no sólo de de la derecha partidaria sino también de las cámaras empresariales asociadas a la producción agrícola.

En particular, uno de los defensores de las modificaciones a la Ley de Riego fue el senador José Mujica, ex presidente de la República, ex Ministro de Ganadería y Pesca y, además, el responsable de que el actual ministro -Aguerre- ocupe ese cargo, donde desde promovió esta nueva normativa para la regulación del riego.

Mujica sostuvo en su defensa de la nueva forma que de ello depende “el precio de la comida de la gente” asumiendo que en el futuro no se podrá producir sin intervención del riego y que el objetivo de esta ley es favorecer el regadío de los alimentos. Nada más alejado de la realidad podemos concluir, con apenas analizar la exposición de motivos del proyecto de Ley, donde Aguerre sostiene que lo que se busca es un “segundo piso” para la producción agrícola uruguaya, en particular la sojera. Desde que se viene procesando la expansión de los cultivos sojeros en el oeste uruguayo está claro que su finalidad no es la de la producción de alimentos para los habitantes de Uruguay sino la producción de una commodity, un bien agrícola que es utilizado como materia prima en otros procesos productivos, en particular en Asia.

La lógica a partir de la cual el progresismo ha defendido las modificaciones a la Ley de Riego consiste en la idea de que es necesario “hacer algo” para aprovechar una cantidad importante de agua que “se va al mar y por lo tanto no está disponible”, en palabras de Mujica durante la sesión del Senado.

Banalizando la cuestión ambiental, Mujica agregó que “todo lo que hace el hombre termina agrediendo en parte al medio ambiente” y que “para respetar bien al medio ambiente y sus equilibrios habría que sacar al principal depredador”, haciendo referencia a que la única manera de atender la cuestión ambiental sería erradicando a las poblaciones humanas del ambiente. Por ello, la conclusión lógica derivada de este razonamiento es que una verdadera “preocupación ambiental” (la única legítima, digamos) es “la lucha es por mitigar y por conservar”.

Es interesante señalar que muchas de las críticas al proyecto de modificaciones a la Ley de Riego vinieron del propio Frente Amplio (de legisladores que finalmente votaron el proyecto). En todos los casos las observaciones tenían que ver con elementos ecológicos de los eventuales impactos que generaría la proliferación de embalses sobre la biodiversidad acuática y terrestre y también sobre la calidad de los recursos hídricos del país (al combinarse estos represamientos con los efectos del aumento de fertilizantes y agrotóxicos en los sistemas ambientales producto de la intensificación productiva).

Tanto en la fundamentación del voto de estos pseudo-disidentes como en la síntesis postiva del propio Mujica, el rol de los organismos facilitadores ocupó una centralidad que no tuvo ni en la discusión parlamentaria previa ni en los contenidos del propio proyecto.  “Confío en los organismos de mi país, no somos tan primitivos” manifestó Mujica, agregando que “tenemos que tener un poco más de confianza en nuestra propia gente”.

Esta idea de la modernización de las instituciones ambientales del país como resguardo tiene un doble movimiento. Por un lado limita “lo ambiental” a lo ecológico, escindiendo lo social que está inherentemente vinculado. Por ende, los impactos sociales y económicos de la apertura de la actividad del riego a la finaciarización quedan excluidos del horizonte de discusión y participación. Por otro lado, como el propio Mujica manifestó durante la sesión del Senado, la intervención de las políticas ambientales está orientada a la mitigación, a la remediación de los efectos nocivos del desarrollo y nunca a evitar tales impactos.

La fe incuestionada en el progreso tecnológico con la finalidad de promover la intensificación productiva no encontrará en las políticas ambientales del progresismo un freno, sino una legitimación. Quizás esta sea la única novedad propia del siglo XXI en una discusión de ideas y un contexto socioeconómico propio del siglo XIX.