Uruguay natural y celulósico

Carlos Santos / Foto: www.que.es
El mismo día en que enfrentaba el primer paro general contra su gobierno, Tabaré Vázquez anunció que en 2020 estará funcionando la tercera planta de celulosa en el país.

El mega-proyecto celulósico será de propiedad de UPM, empresa finlandesa que ya tiene en su propiedad la primer planta de pulpa de papel en el país, la iniciativa demandará una inversión de cinco mil millones de dólares.

De ese monto, la quinta parte, mil millones, son de inversión en infraestructura que el estado debe garantizar para la puesta en marcha del proyecto. Para ello, el presidente anunció que se tratará de captar inversiones extranjeras para realizar las obras bajo la modalidad de Pariticipación-Público-Privada (PPP). Las obras requeridas tienen que ver con pavimentación de caminos, mejoras en infraestructuras ferroviaria y portuaria.

Será el mayor proyecto del continente por sus dimensiones, con una capacidad de producción de dos millones de toneladas anuales.

La 3º planta de celulosa de Uruguay comenzará a producir en 2020. En el año 2018 comenzarán las obras de lo que será una de las mayores plantas industriales de este tipo, ya que se anunció que tendrá el doble de capacidad de producción que las plantas actuales.

Claramente la tercer planta de celulosa marca una política de estado, donde se puede ver una activa intervención en la promoción de un rubro específico y de un tipo particular de inversión que atraviesa a todos los partidos políticos del país. La Ley de Promoción Forestal es del año 1988, bajo el gobierno del Partido Colorado, y fue reformulada en el período 1990-1995 durante el gobierno del Partido Nacional. Por su parte, cada uno de los gobiernos del Frente Amplio hasta ahora han inaugurado una planta de celulosa (UPM/Botnia bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez y Montes del Plata, de la sueco-finlandesa Stora Enso en el gobierno de José Mujica).

Esta tercer planta de celulosa será -al igual que las dos plantas anteriores- un emprendimiento bajo el régimen de zonas francas.

La cuarta parte de la superficie productiva del Uruguay está definida como apta para la forestación. De esos cuatro millones de hectáreas, a la fecha, apenas la cuarta parte es ocupada por plantaciones forestales.

La empresa UPM (Forestal Oriental) lleva 25 años instalada en el país y ha transitado durante todo ese tiempo por la continuidad en la política forestal del estado. Actualmente tiene más de 200.000 hectáreas de cultivos forestales en propiedad. Esto convierte a la empresa en uno de los mayores latifundios de la era del agronegocio.

En la conferencia de prensa que realizó Tabaré Vázquez el mismo día que el movimiento sindical realizaba el primer paro general contra este gobierno, el presidente anunció que “el gobierno nacional ya definió llevar adelante el proyecto”.

“No hay un lugar preciso -anunció el presidente Tabaré Vázquez- pero será en el Uruguay Profundo, en la cuenca del Río Negro y probablemente en una zona central o centro-oriental del territorio uruguayo”, haciendo referencia indirecta a los departamentos de Tacuarembó y Cerro Largo, donde esta empresa tiene una importante superficie cultivada.

Resulta llamativo que sabiendo que existen mecanismos de análisis de viabilidad y autorización de localización y de una serie de autorizaciones ambientales, el propio presidente de la República anuncie que ya existen plazos y que el emplazamiento productivo de la nueva planta ya se encuentra  definido -territorialmente- y en proceso de negociación con la propia empresa.

Durante la conferencia, Vázquez afirmó que una de las preocupaciones en relación a este emprendimiento se vincula con la cuestión ambiental y con mantener “las características de nuestro país: Uruguay país Natural”.

Luego del anuncio fueron consultados dirigentes del PIT-CNT sobre el tema, siendo que ellos habían convocado a la prensa para evaluar el acatamiento del paro general. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que es “una buena noticia” para el país por lo que implicará esta inversión en términos de puestos de trabajo y desarrollo ferroviario.

Es sintomático que nadie haya hecho reparos públicos en relación al carácter que tendría un emprendimiento de este tipo sobre el desarrollo del país. Se confirmaría un modelo de producción de un tipo de materia prima (la pasta de celulosa) que no genera valor agregado, que implica la consolidación de la expansión de la forestación en la zona de enclave productivo, con el consecuente desplazamiento y afectación de otras formas de producción y bajo la modalidad de zona franca, esto es, con exoneraciones fiscales con las que no cuentan otro tipo de producciones en el país.

Lo lógica colonial de la dislocación del sistema productivo papelero ha hecho que -respondiendo a altos estándares ambientales en Europa- la industria papelera disocie la fase productiva más contaminante -la producción de pulpa de celulosa- y la instale al pie de sus plantaciones (lo que por otra parte disminuye sus costos). El agregado de valor y la comercialización seguirán sucediendo en el país matriz de la inversión (en este caso Finlandia).

En Uruguay el progresismo sigue atado a los megaproyectos sin discutir el modelo de desarrollo ni sus consecuencias en términos de dependencia y desigualdad.