Violencia es mentir (y callar)

María Noel Sosa y Agustina Grenno / Foto: www.fondosya.com
En el correr del 2013 se suscitaron una serie de denuncias presentadas por 17 familias de internos y ex internos privados de libertad en el centro Ser de la Colonia Berro por malos tratos y tortura.

Estos hechos desencadenaron distintos efectos y omisiones a nivel político a raíz del cuestionamiento por parte del oficialismo al informe presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). El comunicado consta de 16 informes presentados ante el Sirpa, a raíz de 25 visitas realizadas al centro entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, en los que se rectifica el apoyo a los familiares de los adolescentes implicados. Cabe destacar que el Inddhh es un órgano autónomo de los poderes del estado.

Denunciantes sostienen que tanto los hechos de violencia (golpes, aislamiento, ridiculizaciones, amenazas) como la privación de jabón, papel higiénico y otros bienes personales enviados por familiares, comenzaron cuando asumió la nueva directora del centro Jessica Barrios. En declaraciones recogidas en La Diaria, Barrios asegura el bienestar de los adolescentes y niega que sucedan estas situaciones. Incluso profundizó en que dichas denuncias son consecuencia de la resistencia de la gente ante el cambio, como una suerte de reacción.

Un funcionario testigo de una golpiza en noviembre del pasado año, declaró ante el juzgado de Pando haber sufrido amenazas y acusó a Barrios de encubrir golpizas. Por tales motivos la directora del Ser será citada a declarar próximamente.

La abogada que representa a las familias, Dra. Sandra Giménez, relata en el escrito presentado ante las autoridades judiciales, que los adolescentes eran obligados a salir desnudos en la madrugada a limpiar el pasillo, para luego ser golpeados en reiteradas ocasiones. Aquellos que quedaban brutalmente golpeados eran aislados en un sótano, prohibiendo tener acceso a visitas y contacto con sus familias, alegando sanciones por comportamiento indebido para justificar las ausencias.

Desde el Inau a través de declaraciones publicadas en La Diaria, su presidente Javier Salsamendi, reconoce las denuncias sobre estos hechos, pero se excusó a emitir opinión y ahondar en la problematización de lo ocurrido, hasta que se haga público el informe del Sirpa. Como consecuencia de las denuncias se le abrió sumario a varios funcionarios, y por parte del Comité de Derechos del Niño se pidió revisar la permanencia al frente del Sirpa de Ruben Villaverde. El  caso será elevado ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

¿De qué lado estás?

Hasta el momento Serpaj e Ielsur son las dos organizaciones que han recogido las denuncias pronunciándose sobre este tema. Su persistencia, junto con la labor periodística de algunos medios pone al descubierto una dolorosa realidad. ¿A quién se le ocurriría inventar tal serie de denuncias de tortura y vejación? ¿Qué película de terror puede querer fabular alguien sólo para conseguir algunas “mejoras”? Así parecen tomar muchos, entre ellos varios jerarcas del Sirpa, las recurrentes denuncias de las familias de los internados.

Como suele suceder en estos casos, es previsible que ningún funcionario asuma haber violentado la integridad física y moral de los reclusos, desmintiendo toda acusación. Lo que no debiera ser previsible es que este tipo de denuncias caigan en saco roto en todos los lugares en los que debieran tener eco. Con esto no nos referimos solamente a los vericuetos administrativos y legales del organismo del estado, sino y principalmente a las organizaciones sociales.

Para estos “botijas rapados” sólo hay un marco legal que los incluye en la pena pero no en el derecho, no sólo porque no hay estado para cumplir con sus necesidades, sino porque parecen estar además despojados de toda posibilidad de tener derecho a tratos mínimamente humanos en el cumplimiento de las penas legales que cargan.

La crónica de reiteradas denuncias no puede hacernos caer en la trampa de tener discursos defensivos o evasivos, pensar que no se tiene responsabilidad alguna. Jueces, policías, denunciantes, medios de comunicación, políticos ejercen permanentemente presión para que los gurises vayan presos, para olvidarse acto seguido de lo que pueda suceder con ellos. Además, incluso en un ancho de banda que incluye a aquellos que no votarán bajar la edad de imputabilidad, a muchos parece resultar ajeno lo que pasa dentro del centro Ser y del resto del Sirpa.

Lo que nos toca

¿De qué lado vamos a estar las organizaciones sociales cada vez que estas madres hagan una nueva denuncia? ¿Quién está respaldando a las organizaciones de derechos humanos y a aquellos periodistas comprometidos? ¿Estas madres trabajadoras y sus hijos van a  seguir dando pelea solos?

El sentimiento de inseguridad con el que parecemos empezar a acostumbrarnos, no sólo enreja nuestras casas, nos mantiene alertas y nos lleva a desconfiar del otro que se acerca, sino que se expresa en reclamos de mayor penalización y lo que es peor, parece anestesiar cualquier posibilidad de indignación frente a denuncias como estas. Nadie se salva del consumo de rejas, alarmas, angustias y crónicas policiales. Aún más, parece que estamos cada vez menos inmunes a que se nos vaya sedando para que escuchar la crueldad de estar en una cárcel, de adultos o de menores, no nos movilice, no nos indigne hasta la médula y menos aún, nos organice para luchar contra ella.

Hoy más que nunca es necesario reafirmar que la cárcel no debe ser la escuela de estos gurises. Hoy al igual que ayer es preciso gritar que nadie merece la tortura. Las organizaciones sociales debemos estar atentas para no ceder frente a la imperante banalización del mal. Las denuncias y pedidos de Ielsur y Serpaj no pueden quedar solo en sus hombros. Estas madres incipientemente organizadas, las que viven día a día las calamidades de nuestra tierra que sigue siendo una herida, que se abre todos los días, a pura muerte, a todo gramo, no pueden estar solas.

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